Denuncian la adjudicación a "dedo" de contratos a la cuñada de González

La portavoz socialista en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid, Helena Almazán, ha denunciado la adjudicación "a dedo" por parte del Gobierno regional de tres contratos por valor de 600.000 euros al despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira, del cual son socios tanto la cuñada de Ignacio González, Pilar Cavero, como el portavoz del PP en Torrelodones, Javier Laorden.

Según Almazán, los contratos fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, "con el único y exclusivo argumento que esa era la empresa que venía realizando el servicio". "Realmente no hay ningún supuesto legal en el que se justifique que una empresa, porque ya estaba realizando un servicio deba ser la agraciada de contratos de este volumen tan millonario", ha manifestado la responsable socialista, quien ha señalado que el importe de los contrato asciende a "100 millones de las antiguas pesetas".

Se trata de contratos del Canal de Isabel II, por lo que la diputada regional ha requerido al director gerente de la empresa que informe sobre los criterios utilizados para la utilización del procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación en la adjudicación de contratos.

Uno de los contratos es para servicio de asistencia jurídico-mercantil y para la implantación del contrato programa del Canal de Isabel II por un valor de 475.000, IVA excluido, con prórroga de un año y prorrogable uno más. Otro de ellos de servicio de asistencia jurídica en nueve procedimientos judiciales contra acuerdos de pleno de los ayuntamientos por los que se aprueban los convenios del nuevo modelo de gestión con un valor de 107.500, IVA excluido.

Y por último, una de las adjudicaciones es un contrato para la asistencia para el estudio comparado y reciente jurisprudencia y repercusiones en el Canal de Isabel II, con relación al capítulo III de la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento, de 29.000 euros.

Además, ha indicado que también se le encargó el informe sobre el posible proceso de privatización del Canal de Isabel II. "Un informe que se le entregó a varias empresas por más de un millón de euros entre las que estaba este despacho de abogados", ha apuntado, para añadir que este despacho de abogados es un "viejo conocido del Gobierno regional", ya que le ha encargado muchas trabajos.

"Nosotros no discutimos el prestigio de este despacho de abogados, sino que discutimos que sea el único despacho de abogados en todo el país que puede encargarse de asistencias jurídicas de estas características", ha finalizado.