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4 empresas del `Caso aparcamientos´ optaron al mismo concurso

jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h

Una auditoría de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha confirmado que, en noviembre de 2010, las cuatro empresas invitadas por el Ayuntamiento de Leganés a un procedimiento negociado sin publicidad para presentar sus ofertas y optar al 'Servicio de colaboración y asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automáticas' en los aparcamientos municipales estaban relacionadas de alguna forma con 'Roblepark', compañía sumida en una causa judicial en Getafe.

En el informe de fiscalización del 'Ayuntamiento de Leganés y sus entidades dependientes', correspondiente a los años 2010-2011 y al que ha tenido acceso Europa Press, el auditor establece que "las cuatro empresas invitadas a participar estaban relacionadas entre sí".

Tras ello, detalla que "el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando era administrador único de otra de las sociedades, fue también apoderado de otra de ellas un tiempo después y en la cuarta uno de los consejeros es un representante de la propia sociedad que venía prestando el servicio y que volvió a ser adjudicataria por segunda vez, al obtener la mayor puntuación".

El PP ha asegurado, tras conocer el informe, que la Cámara alude a "la familia propietaria de Roble Park SL". "Los contratos son firmados por el empresario Joaquín Castillo Cantos (padre de Joaquín Castillo Teruel, imputado en Getafe), entonces administrador único de Roble Park y sobre quien pesaba en ese momento una prohibición firme del Ministerio de Hacienda de contratar con las administraciones públicas", han apuntado fuentes 'populares'.

Las mismas fuentes han precisado que tres de estos concursos que se licitaron en el mismo día fueron a parar "a la misma empresa (Roble Park) y se conceden por la misma cantidad de dinero (43.704 euros)".

Este servicio se había adjudicado el 1 de agosto de 2008, por un importe máximo de 59.000 euros con una duración de dos años y, según la Cámara de Cuentas, el contrato "no estipulaba ni el número de efectivos ni la capacitación del personal que la empresa habría de tener".
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