PSM e IU piden en la Asamblea apoyo para los `8 de Airbus´

El portavoz de Izquierda Unida Gregorio Gordo, y el secretario general del Grupo Parlamentario del PSM, José Manuel Franco, han pedido este miércoles a la Asamblea de Madrid que exprese su apoyo a los ocho sindicalistas de la empresa Airbus de Getafe que han sido procesados por "ejercer su derecho constitucional durante la huelga general de septiembre de 2010".

Gordo y Franco han comparecido junto con los ocho sindicalistas procesados para denunciar las "graves" deficiencias del proceso de instrucción en el que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de los sindicalistas además de una fianza de 31.000 euros de la que los acusados deberán responder conjunta y solidariamente.

Los grupos parlamentarios de IU y PSM han presentado una Proposición No de Ley (PNL) que será debatida en el Pleno de este jueves, en la que solicitan a la Asamblea que manifieste su apoyo a los sindicalistas y se comprometa a utilizar todos los medios a su alcance para defender los derechos de los trabajadores, la libertad de expresión y de huelga.

Gordo ha afirmado que el informe de la Fiscalía "además de predemocrático e injusto tiene múltiples irregularidades" y ha agregado que aprovechará su intervención para reivindicar "el sindicalismo de clase como un instrumento vital para defender los derechos de los trabajadores y a la vez comprometido con el empleo, las nuevas tecnologías y el desarrollo industrial".

Así, ha subrayado que la transformación de construcciones aeronáuticas (CASA) en Airbus, primera potencia europea del sector aeroespacial "tiene mucho que ver con los sindicatos de clase y los sindicalistas de Airbus, que no son ocho, sino que somos millones de trabajadores que apoyamos ese derecho a la huelga que han representado los compañeros de Airbus".

PENAS "ABUSIVAS"

Por su parte, José Manuel Franco, ha calificado de "absolutamente desproporcionada e injusta" la petición del Fiscal y de "abusivas" las penas docilitadas y ha añadido que "una sociedad democrática no puede tolerarlo". No obstante, ha aclarado que con ello el Grupo Parlamentario Socialista no pretende entrometerse en la labor judicial.

"Creemos firmemente en la división de poderes pero a la sociedad hay que darle motivos para creer en la justicia y con peticiones como las que hace el Fiscal la sociedad tiene motivos para no creer mucho en la justicia. Estamos con los trabajadores y la Constitución Española que reconoce el derecho de huelga y libertad sindical", ha aseverado el diputado socialista.

"NO SOMOS UNOS MATONES"

Finalmente, el presidente del Comité Interempresas, Antonio Martín Jurado, ha tildado de "lamentable" que los sindicalistas tengan que ir a la Asamblea de Madrid ha hablar "de algo que constituye un retroceso democrático sin precedente en nuestro país". "Si la acusación de la Fiscalía llega a término se estaría consumando la reinstauración del delito político, un hecho absolutamente grave", entiende.

Martín Jurado ha insistido en que la instrucción es deficiente y ha estado orientada desde el primer momento a "criminalizar" la actuación de los sindicalistas y ha precisado que tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del juez hablan de manera genérica pero en ningún momento se relaciona a una persona concreta con un hecho constitutivo de delito.

"Los sindicalistas no somos unos matones, nos curtimos en la negociación, no nos dedicamos a coaccionar, amedrentar o amenazar", ha indicado, señalando que no se les puede "criminalizar" por ejercer su derecho "cuando se convoca una huelga contra los recortes".

"Por ello demandamos el reconocimiento de nuestros representantes políticos, no solamente por lo injusto del caso, sino por lo que significa de retroceso en el sistema democrático", ha concluido Martín Jurado.