La Corporación consensúa mostrar al Gobierno su rechazo a la reforma eléctrica

La Corporación en Pleno ha consensuado una petición dirigida al Gobierno de la Nación en la que muestran su oposición a la reforma del sector eléctrico y piden que se revise para contrastar su seguridad jurídica teniendo en cuenta, como precisó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, que el Ayuntamiento de Madrid perdería 85,5 millones de euros entre 2013 y 2026, el periodo de vigencia del contrato de concesión de las instalaciones energéticas.

Esta nueva reforma, aprobada en diciembre por el Congreso, afecta a las instalaciones públicas que producen energía eléctrica. El edil ya destacó en la última comisión del ramo que, además de la "merma de ingresos para las administraciones locales", habría que sumar las consecuencias medioambientales en la ciudad ya que, si hubiera que clausurar este tipo de instalaciones, "aumentaría la dependencia energética".

Y es que el nuevo marco jurídico y fiscal perjudica a las administraciones "por la creación de nuevos impuestos, por la supresión de exenciones fiscales en hidrocarburos y por la eliminación de primas por producción de renovables", como ya apuntó Sanjuanbenito.

El Gobierno municipal ha emprendido dos líneas de acción. La primera fue la carta remitida en febrero por la alcaldesa, Ana Botella, al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. La segunda ha sido la presentación de alegaciones por parte del área de Medio Ambiente ante la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. El Ayuntamiento propone la exención de los servicios públicos de gestión de residuos en medidas fiscales de producción de renovables además del mantenimiento de los niveles de retribución económica por la venta de energía.

El delegado ha insistido este jueves en que no les mueven intereses partidistas sino que únicamente defienden que las inversiones de las ciudades en el tratamiento responsable de los residuos "no se deben ir al traste". "Madrid defiende con carácter general los intereses de todos los municipios, con independencia del signo político. Hay que hacer una corrección de errores pero no se puede tratar a todos igual", ha apostillado.

La socialista Ruth Porta ha sido quien ha encabezado esta propuesta que conseguido el sí de todos los grupos, "acuerdo de mínimos" que ha contado con el respaldo de la portavoz del área de IU, Raquel López, quien ha calificado la reforma de "chapuza" y de "monstruosa para los intereses sociales porque sólo beneficia a las grandes eléctricas para derribar a las renovables".

A eso ha sumado que es una norma insensible con la pobreza energética, algo que cree que no debe conocer la alcaldesa, Ana Botella, por "vivir con un consejero de Endesa", el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Desde UPyD, Jaime de Berenguer ha arremetido contra la "aberración ambiental, económica y jurídica" que supone la reforma eléctrica. Lo que postula la formación magenta es que se derogue esta ley, "no que se revise o se haga un apaño", y todo para "garantizar la seguridad jurídica. También ha criticado que haya "dos barajas, una para los ciudadanos y otra para las administraciones".