La Comunidad no descarta "actuaciones penales" en el mal uso de los fondos de fomación

El director general de Estrategia y Fomento del Empleo, Valentín Bote, ha manifestado este miércoles en la Comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea de Madrid que la Comunidad no descarta "ninguna actuación en el ámbito administrativo o en el ámbito penal para castigar un mal uso de los fondos de formación".

Bote ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Socialista para explicar las actuaciones que ha llevado a cabo la Comunidad en relación con las irregularidades que se han producido con la financiación de los cursos de formación continua ofrecidos por Sinergia Empresarial, empresa a nombre de José Luis Aneri.

El responsable regional ha constatado que si no se es "riguroso al máximo" en la gestión de estos fondos se inflige un daño "muy grande" a las políticas activas, "porque al final pagan justos por pecadores". "Una mala práctica amplificada por los medios de comunicación tiende a hacer pensar que algo es general", ha apostillado.

Bote ha elogiado el trabajo "cuasipolicial" de los técnicos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura que han detectado estas irregularidades. Estos empezaron a trabajar cuando terminado el periodo de justificación de los fondos concedidos a organizaciones empresariales en la convocatoria de 2011 para cursos impartidos durante 2012 Sinergia Empresarial, que había sido contratada por 25 organizaciones empresariales, no los justificó debidamente.

Según ha relatado Bote, la única persona de contacto para esas 25 organizaciones era Aneri, que "estaba desaparecido". El periodo de justificación terminó en febrero de 2013 y en junio ya estaban en marcha 28 expedientes por la falta de justificación, ya que tres organizaciones de las 25 tenían dos expedientes.

La situación a día de hoy, ha explicado, es que de esos 28 expedientes de revocación 14 ya son firmes, 11 están a la espera de que la Fundación Tripartita culmine el procedimiento y los otros tres se encuentran en la Intervención.

Bote ha manifestado su preocupación por la obligación que marca la norma estatal en materia de seguimiento de estos cursos. A este respecto, ha señalado que mientras para los cursos dirigidos a desempleados el seguimiento establecido es del cien por cien de los recursos, en el caso de la formación continua es de "al menos el 5 por ciento".

"Eso para nosotros era inaceptable, es bastante bochornoso", ha señalado Bote, quien ha indicado que en la orden de la Comunidad figuraba el 20 por ciento y que él mismo dio instrucciones de llegar al cien por cien. Así, en la convocatoria de 2012 el seguimiento ha alcanzado el cien por cien en formación presencial y ha superado el 80 por ciento en teleformación.

No obstante, más allá de los expedientes de revocación que implican la devolución de las subvenciones, ha reiterado en varias ocasiones que la Comunidad no renuncia a "llevar a las últimas consecuencias" la normativa de la ley de subvenciones que regula las infracciones y sanciones, para "aprovechar al máximo la posibilidad de castigar al que haga un mal uso de los fondos de formación".

A este respecto, ha señalado la necesidad de "ser un poco cauteloso en el sentido de tener muy claro qué ha pasado" y "quién es el que ha cometido una irregularidad o delito, la asociación empresarial o el señor Aneri" antes de acometer cualquier acción, porque un paso en falso "puede tirar por tierra una iniciativa de esta naturaleza".

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos, ha anunciado que su grupo va a pedir una "fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas" de todas las subvenciones a organizaciones empresariales, sindicatos y otras entidades para formación concedidas en los años 2010, 2012 y 2013. En su turno de réplica, Bote ha indicado que esta fiscalización ya se lleva a cabo aunque ha reconocido que hay un "desfase" temporal.

El portavoz de IU-LV en la Comisión, Joaquín Sanz, ha pedido "que se aclare y que se cierre con nombres y apellidos" el expediente, porque "no se puede cargar toda la responsabilidad al que se contrata sino que la persona que contrata tiene la misma responsabilidad".

En la misma línea, la diputada socialista María José Navarro ha acusado tanto a las organizaciones empresariales como a la Comunidad de "dejadez de funciones", ya que a su juicio no han hecho el debido seguimiento de los cursos, y ha responsabilizado a la Consejería de "falta de coordinación".