La venta de pisos del IVIMA llega a la Defensora del Pueblo
jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
Los afectados han pedio amparo a Soledad Becerril por la "supresión de ayudas al alquiler¨ y la "vulneración del derecho de tanteo y retracteo". La operación afecta a 32 promociones de viviendas y a los inqulinos de 2.932 pisos
Afectados por la venta de pisos del IVIMA pedirán amparo este jueves a la Defensora del Pueblo por el "bajo precio" de las operaciones, por la "supresión de ayudas al alquiler" y por la "vulneración del derecho de tanteo y retracteo".
La reunión está prevista para las 11 horas. Por la tarde, los afectados se concentrarán ante la Asamblea de Madrid y el sábado se manifestarán hasta la sede del IVIMA. La operación afecta a 32 promociones de vivienda y 2.932 pisos.
En la reunión con la Defensora entregarán un escrito con 302 firmas de afectados y 1.558 rúbricas de personas que les apoyan. Las familias afectadas solicitan el amparo "ante la situación de abandono creada por el IVIMA al enajenar a un fondo de inversión 32 promociones de viviendas en arrendamiento y en arrendamiento con opción a compra".
Tras una periodo de licitación, la Comunidad de Madrid adjudicó estas viviendas en agosto de 2013 a la UTE Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros, lo que supone una media de 68.000 euros por vivienda. Este precio es uno de los argumentos que utilizan los afectados en su escrito de queja ante la Defensora del Pueblo.
"La construcción ha costado al IVIMA alrededor de 300 millones de euros. Así pues, el supuesto negocio para la Administración pública no ha sido tal, al contrario, ha supuesto un quebranto patrimonial para la Comunidad de Madrid", destacan en el escrito.
Sostienen los afectados que se ha vulnerado el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos con opción a compra. "En todo momento la Comunidad de Madrid ha evitado ofrecer la compra de las viviendas a sus inquilinos y adjudicatarios oficiales. Y no sólo ha hecho esto, sino que nos ha negado la posibilidad de tanteo en la operación mediante la modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública el pasado 18 de julio", han apostillado.