Rouco Varela perseguido por el IBI

La iglesia católica, según sus prelados, estaría siendo objeto “de una campaña maliciosamente orquestada”, cuyo telón de fondo más visible no es otro que las palabras de uno de sus obispos, concretamente el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, equiparando la homosexualidad a una enfermedad susceptible de ser curada.

Pero el ámbito moral no es el único que causa desvelos y lamentos a las instancias episcopales. El verdadero origen del malestar eclesiástico es mucho más prosaico y está intrínsicamente ligado al vil metal y a unos privilegios que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a tocar. (El mismísimo Alfonso Guerra, en la primera etapa del Gobierno de Felipe González, tuvo que dar marcha atrás en su intención de cortar las prebendas de la iglesia católica).

La iglesia ha comenzado a tentarse el bolsillo cuando se habla de que, como todo hijo de vecino, pague el IBI por sus propiedades a los ayuntamientos, tal y como reclama el PSOE e IU, lo que ha hecho saltar chispas en la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, monseñor Antonio María Rouco Varela, ya ha dejado caer su particular amenaza, diciendo que si se les obliga a pagar ello afectará a la actividad social de la iglesia, incluyendo en ella a Cáritas.

Rouco sabe, no hay duda, donde golpear para defender sus intereses, teniendo en cuenta que Cáritas se ha convertido en refugio de muchas familias para sobrevivir a la crisis. Lo que calla interesadamente el cardenal es que como una Ong más, el treinta y cinco por ciento de los ingresos de Cáritas proceden de fondos públicos, incluso del Fondo Social Europeo, a los que hay que sumar aportaciones privadas y, por último, la partida que la iglesia consignó a partir de 2008, no antes, para hacer frente a la fuerte demanda social.

La polémica, en cualquier caso está servida, y habrá que ver si los ayuntamientos madrileños, que según algunos expertos podrían recaudar 109 millones si acabaran con esta exención de la iglesia, se atreven finalmente a ponerle el cascabel al gato, tras la incertidumbre sembrada por Rouco Varela.

Desafiante también se muestra la curia en su otro frente abierto. Lejos de enmendarla, el Arzobispado de Madrid ha iniciado su particular cruzada en defensa de Reig Pla contra la persecución que, dice, sufre por parte de los lobbys gays el obispo, quien ha sido también vetado por el pleno del Ayuntamiento de Alcalá para acudir a los actos institucionales.

Las homilías dominicales se han convertido en una defensa cerrada de la persona del prelado, objeto de una ovación cerrada por parte de los sacerdotes de su diócesis, que la curia entiende como “un plebiscito” poco menos que santificando las palabras de Reig Pla. El reverso de esta moneda son las críticas y quejas de colectivos sociales y formaciones políticas de izquierdas que entienden las palabras del obispo como una agresión al igual que la campaña a su favor que llevan a cabo en lagunas parroquias.

Sería el caso, según el PSOE, de algunas iglesias de Arganda, que han llegado a culpar directamente a los partidos de izquierdas de la persecución que, insisten, sufre el controvertido obispo durante la celebración de las comuniones, con la consabida protesta de algunos familiares a los que se habría invitado a abandonar el recinto. Más madera para un debate anacrónico y extemporáneo, cuyo único logro es volver a poner en la diana de los fieles al colectivo homosexual.