La tijera de Merkaguirre

Más papista que el papa en eso de defender el ultra capitalismo, a la presidenta madrileña las reformas semanales de Mariano Rajoy se le quedan cortas y así lo pone de manifiesto cuando tiene ocasión: “Si tengo queja de Rajoy es que no recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas” (Aguirre, sic). La lideresa del PP es partidaria de echarle más gasolina a la poda del Estado del Bienestar y para demostrar la velocidad que debe imperar en este proceso de demolición, no ha dudado en convertir la Comunidad de Madrid en su particular laboratorio de experimentación reformista.

El primero de estos “experimentos” se materializaba en forma de recortes en la educación pública, cuya ampliación de horas lectivas al profesorado tantas protestas viene suscitando y que ha supuesto el fin de la contratación de interinos y profesores de sustitución.

Similares parámetros se han aplicado a la sanidad madrileña, cuyos profesionales no cejan a la hora de denunciar la escasez de medios y de personal, fundamentalmente en la Atención Primaria.

Ambos servicios han servido de botón de muestra para unos recortes que han continuado con los servicios a dependientes que presta el Gobierno regional. Se quiera reconocer o no, más bien esto último, la realidad es que de unos meses a esta parte el Ejecutivo madrileño viene suprimiendo los contratos con las empresas que prestan estos servicios antes de finalizar los plazos previstos, por lo que no tardando mucho las personas dependientes tendrán que decir adiós a la asistencia que reciben. Una situación que se viene negando de forma reiterada por los responsables autonómicos, aunque en los últimos días, fiel a si misma, la lideresa popular ya ha manifestado que no podrá sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales y el trasporte. Precisamente éste último ha sido objeto de un “tarifazo” que supone un nuevo mazazo a la economía de los usuarios madrileños.

Haciendo gala de su liberalismo y capitalismo en vena, la presidenta madrileña ha anunciado también la implantación de “pequeños peajes” en algunas autovías de la Comunidad, de momento la M-501 y la M-45, al más puro estilo del sistema que impera desde hace tiempo en Cataluña y que curiosamente está siendo objeto en las últimas semanas de airadas protestas de los sufridores usuarios.

Pero la tijera de la lideresa va más allá. Aguirre ha colocado ya en la mesa de las privatizaciones la joya de la corona, es decir el Canal de Isabel II, cuya salida a bolsa ha levantado no pocas suspicacias en los partidos de la oposición y el rechazo frontal del consumidor madrileño. Ahora la presidenta ha dado una nueva vuelta de tuerca asegurando que esta empresa pública tiene muchas “novias” y que su cesión a manos privadas reportaría pingues ganancias a las arcas autonómicas, que revertirían a su vez en el pago de los hospitales.

En ese afán privatizador que invade al Gobierno regional está también esa china en el zapato para el erario público regional que es, en palabras de Aguirre, Telemadrid. Aunque el ente no encuentra comprador (su venta viene siendo un afán constante por parte del Ejecutivo), la mandataria madrileña se está planteando sacar a concurso su gestión para liberarse de la pesada carga económica que, según ella, supone esta televisión pública.

Todo un rosario de ajustes y recortes que afectan también a la justicia que tantos quebraderos de cabeza da a una Esperanza Aguirre, deseosa de devolver sus competencias al Estado, por el esfuerzo económico, dice, que supone para la hacienda regional.