Pérez exige que se cumpla el código ético de IU y dice que Reneses "sabe lo que tiene lo que hacer"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha exigido que se cumpla el código ético que firmaron en mayo en la sede del partido todos aquellos que optaban a un cargo público --que obligaba a dimitir a imputados y procesados-- y ha afirmado que el diputado autonómico Miguel Reneses "sabe lo que tiene que hacer". Pérez ha subrayado, que el código ético firmado ante el mismo coordinador general de IU, Cayo Lara, hacía referencia a cualquier tipo de imputación, no únicamente la urbanística. También ha apuntado que Reneses tiene a sus espaldas "una imputación grave y clara" que está dentro del "espíritu del código ético". La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha imputado al diputado de la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida y secretario de Organización del partido, Miguel Reneses, como presunto autor de un delito de acoso sexual y le impone una fianza de 100.000 euros. El magistrado del TSJM observa "indicios razonables" de presunto acoso sexual por parte de Reneses a raíz de la denuncia presentada por J.C.P., compañera de partido y concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 1995 a 1999, años en los que el demandado ejerció como edil de la misma Corporación. Pérez ha manifestado que está seguro de que Reneses "sabe lo que tiene que hacer". "Yo estoy seguro de que si él no lo supiera estoy seguro de que Cayo Lara le puede dar una copia del código ético para velar por su cumplimiento", ha declarado. El auto del juzgado detalla que Reneses y la demandante mantuvieron durante esos años una "fuerte atracción sexual que les llevó a mantener frecuentes encuentros para satisfacer sus apetencias". Sus citas tenían lugar en la habitación de un hotel de Madrid que el diputado contrataba. Entre 1998 y 1999, la concejala inició otra relación amorosa con un Guardia Civil, quien posteriormente se convertió en su marido. Fue entonces cuando le comunicó a Reneses su intención de dejar la relación algo que, como recoge el auto, "no aceptó de buen grado" insistiendo "en forma persistente" para continuar los encuentros. Es así que la llamaba telefónicamente al cuartel de la Guardia Civil de Pinto, donde convivía con su nueva pareja, y posteriormente al de Batres, en 2005. El mismo texto jurídico señala que "para ejercer presión sobre ella", el ahora diputado regional consiguió que no figurase como aspirante al cargo de concejal por Fuenlabrada. Cuenta la mujer, según consta en el auto, que recibió, a pesar de su matrimonio, constantes requerimientos de Reneses para desplazarse juntos a Madrid con el fin de asistir a una reunión del partido, acto "inexistente" y que ocultaba la intención de "ocupar una habitación del mismo hotel" en el que se citaban en el pasado para tener encuentros sexuales. Finalmente, J.C.P. fue nombrada directora de Transportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada aunque se le asignó un despacho sin ordenador, lo que achacó a "una decisión inspirada por Miguel Ángel Reneses para continuar" con la presión a fin de seguir con la relación sexual que habían mantenido. Mantuvo el puesto hasta el año 2003, cuando se quedó en el paro y comenzaron sus problemas económicos, situación que se prolongó durante dos años. En ese tiempo, como detalla el auto, Reneses le ofreció un trabajo a través de los servicios administrativos de la Asamblea de Madrid y que decía haber logrado a través del que fuera consejero de Transportes, el 'popular' Francisco Granados. Rechazó el empleo al temer que el diputado de IU quisiera continuar con sus acercamientos sexuales. Asimismo, el texto indica que cada vez que la mujer era vista por el ahora imputado "intentaba abrazarla y manosearla". Reneses, además, se trasladó en varias ocasiones a Pinto con un coche oficial de la Asamblea de Madrid para ver a la demandante, una vez que consiguió allí un nuevo empleo. De nuevo le dijo que si retomaban su relación, su situación económica "cambiaría de modo radical", además de recuperar la actividad política que antes desarrollaba, como recoge el auto. INGRESOS HOSPITALARIOS El mismo escrito recoge toda una serie de ingresos de J.C.P. en centros hospitalarios por hasta cinco intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos. Incluso el Ministerio de Trabajo dictó en mayo de 2008 una declaración de incapacidad laboral permanente absoluta mientras que la Comunidad de Madrid le concedió en marzo de 2011 un grado de discapacidad psíquica del 47 por ciento. Ante esto, el magistrado de la causa ordenó un reconocimiento psiquiátrico, en el que J.C.P. achaca a la situación de acoso de este superior el origen de su situación mental. La psiquiatra no valora esta cuestión en su dictamen pero no descarta que se produjese el acoso. Por todo ello, el magistrado dice que con estos hechos cabe concluir la existencia de "indicios pero fundados" que podrían acabar en "la existencia de un delito de acoso sexual", sin perjuicio de la valoración definitiva y de la actividad probatoria a desarrollar en el juicio oral. Reneses ha rechazado las acusaciones que se le imputan y las achaca a "una estrategia de venganza política y personal por parte de sectores interesados y antagónicos" hacia su persona. Reneses asegura a través de un comunicado que las acusaciones de las que ha sido objeto son "rotundamente falsas". "Mi condición de imputado supone para mí una mejor defensa y poder conocer con mayor suficiencia y profundidad el procedimiento judicial puesto en marcha contra mi persona. Tengo una absoluta y total confianza en la Justicia, por lo que estoy convencido de que mi inocencia quedará demostrada", añade. Reneses expone que esas "calumnias" corresponden a hechos que supuestamente tuvieron lugar hace más de diez años, por lo que considera "inexplicable" que no hubieran sido denunciados en el momento en el que presuntamente ocurrieron. "Esto induce a pensar que todo forma parte de un plan de ataque personal, basado en una estrategia de venganza política y personal por parte de sectores interesados y antagónicos hacia mi figura", destaca. El diputado añade que los hechos que se le imputan pertenecen a su vida privada y que, por lo tanto, "no guardan ningún tipo de relación" con su actividad política. "El hecho de recurrir a este tipo de subterfugios para dañar mi imagen o la de la organización en la que milito retratan perfectamente a las personas que los utilizan. La instrumentalización de estos hechos para deteriorar y menoscabar la organización a la que pertenezco y sólo merecen mi más firme condena y mi repulsa", afirma. Por último, Miguel Reneses añade que ante el posible daño ocasionado a su honor y dignidad personal se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellas personas que hayan sido "responsables de estos ataques". Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares se ha mostrado partidario de que que los cargos públicos imputados por corrupción o acoso asuman la "responsabilidad política y ética", un posicionamiento que se produce tras conocerse la imputación del diputado autonómico Miguel Reneses en un presunto delito de acoso sexual. "En cuanto a las imputaciones de cargos públicos por hechos de corrupción o acoso soy partidario de asumir responsabilidad política y ética", ha escrito Llamazares este viernes en la red social Twitter.