El juzgado libra oficio para que se designe un perito que "compruebe" las cuentas Ayuntamiento de Arroyomolinos

El juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero ha librado oficio a la oficina de peritos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el fin de que sea "designado perito" para que "proceda a la comprobación de las cuentas del Ayuntamiento durante los años 2005 a 2007" y poder "determinar indiciariamente si se ha podido producir malversación de caudales públicos". Así lo ordena el juzgado en un providencia fechada el pasado 19 de diciembre, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo para determinar si el alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), y parte de su equipo de Gobierno pudieron incurrir en los presuntos delitos de "malversación" y "prevaricación" mediante el presunto fraccionamiento de contratos públicos entre 2004 y 2006 por importe de 43,5 millones de euros. Las investigaciones son fruto de una denuncia que interpuso el Partido Socialista en 2007. En este sentido, el secretario general de la Agrupación Socialista local, Juan Carlos García, ha declarado que la petición del juzgado para designar perito tiene como objetivo determinar qué cantidad de dinero público podría haberse malversado. "Creo que el juzgado aprecia un presunto delito de prevaricación porque, de lo contrario, no mandaría un perito para cuantificar la posible malversación", ha precisado. Al hilo de las diligencias previas, el alcalde prestó declaración como imputado en el juzgado el pasado 14 de diciembre, junto a sus concejales de Urbanismo y Empleo, Félix López y Ana Millán, respectivamente. Allí, según fuentes personadas en la causa, el regidor aseguró que él no era el responsable de las contrataciones, mientras que los ediles defendieron que ellos no eran los responsables de llevar a cabo los pagos que están siendo investigados. Tras las comparecencias, el PP de Arroyomolinos consideró que quedó "evidente que en todo momento la gestión del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de la Vivienda ha sido correcta y transparente, como así lo demuestra la aprobación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de los ejercicios 2002 al 2010". En esta línea, las mismas fuentes subrayaron que "en todo momento se han realizado los procedimientos administrativos con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, respetando siempre --agregaron-- los principios de publicidad y concurrencia, además de encontrarse realizadas todas las obras recogidas en la denuncia, como es el caso, entre otros, de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, así como los suministros de los servicios esenciales ejecutados".