La Comunidad de Madrid acaba 2011 con cuatro puntos sobre diez en la aplicación de la Ley de Dependencia

La Comunidad de Madrid acaba 2011 con cuatro puntos sobre diez en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el VIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que analiza semestralmente la aplicación de la norma en todas las comunidades autónomas. Madrid es así junto a Canarias, con 0,5 puntos, Comunidad Valenciana, con 2 puntos, Asturias (2,5) y Ceuta y Melilla (3) una de las regiones que acaba 2011 con un suspenso en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Por el contrario, según los mismos parámetros establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León y País Vasco alcanzan una nota de 10 por ser las comunidades que "mejor" implantación han hecho de la norma en 2011, en base a los parámetros de eficiencia, inversión, gestión de la lista de espera, gasto por habitante, innovación, buenas prácticas, integración de los servicios sociales, entre otros, basados en los datos oficiales del Imserso y Ministerio de Hacienda. A estas dos autonomías le siguen La Rioja (9), Castilla La Mancha (8,5) y Aragón (8,5), aunque bajan cada una un punto respecto al año pasado, y Andalucía (8) y Cantabria (7) se mantienen estables respecto a los informes anteriores. En la mitad de la tabla, se encuentra Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia (5,5), Extremadura (5,5), Galicia (5,5) y Baleares (4,5). "En la inmensa mayoría de las comunidades se ha producido una ralentización y un estancamiento de la ley", indica el presidente de la Asociación de Directores y Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Europa Press, que también advierte de que en Castilla-La Mancha y Aragón se ha producido "una grave retroceso" en 2011, al igual que en Asturias y Navarra. Asimismo, lamenta la "desidia" de la Comunidad Valenciana y Canarias, que "ya no pueden bajar más sus puntuaciones porque no han desarrollado la ley en los cinco años que lleva en vigor". No obstante, ha advertido de que el sistema de dependencia en España se ha podido mantener en el aprobado (5,9 puntos de media), gracias a las incorporaciones de beneficiarios en el País Vasco, Castilla y León y Madrid. Ese 30 por ciento de dependientes (312.000) que todavía no han recibido ningún servicio o prestación es uno de los temas que más preocupa a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que denomina como "limbo de dependencia". Esta situación, Según Ramírez, "se ha cronificado" y el nuevo Gobierno tiene que resolverla incorporando a estos dependientes al sistema. Canarias es la que más lista de espera acumula, con un 58 por ciento de personas sin atender. Lo "dramático" es que la mayoría de estas personas tienen más de 80 años y que, lo "más probable" es que fallezcan antes de recibir alguno de los beneficios de la Ley de Dependencia, según indica el presidente de esta asociación. Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar siguen representando a finales de 2011 más de la mitad del total de las concedidas a los dependientes, frente a las plazas en una residencia, centro de día o los cuidados profesionales. Este asunto repercute negativamente en el empleo que la ley podría generar, así como en el sector de las residencias de mayores y personas con discapacidad. Si bien es cierto que la norma ha ayudado a crear alrededor de 150.000 puestos de trabajo, desde la Asociación de Directores y Gerentes apuntan a que si se dieran menos prestaciones para cuidados informales en favor de servicios y se incorporaran los dependientes no atendidos, podrían crease 150.000 empleos más. Así, indican que por cada 100.000 ayudas económicas que se dan actualmente, se generarían 30.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto global de casi 105 millones de euros que permitirán garantizar la asistencia de casi 30.000 madrileños el próximo año, la mayoría de ellos en situación de dependencia, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado. Concretamente, esta partida mantendrá 4.515 plazas asistenciales distribuidas por toda la región para personas mayores, ciudadanos con alguna discapacidad y menores que precisan atención temprana, financiará los servicios de residencia y centro de día para más de 3.700 mayores en la capital y costeará los servicios de teleasistencia y atención domiciliaria para más de 21.700 usuarios. La partida que este jueves se ha aprobado se suma a los 322 millones de euros que el Ejecutivo ha autorizado en los diferentes Consejos de Gobierno celebrados este mes para garantizar la atención social a los madrileños a través de distintos tipos de recurso. De este modo, la Comunidad de Madrid finaliza el año destinando más de 425 millones de euros a la asistencia social de los madrileños que más lo necesitan. Concretamente, la cuantía autorizada por el Consejo de Gobierno permitirá emplear cerca de 85 millones de euros a prorrogar el servicio que se presta en 4.300 plazas en distintos tipos de recurso (residencia, centro de día, etc). De ellas, 2.137 están destinadas a personas mayores dependientes, 802 son para personas con algún tipo de discapacidad y 1.360 permitirán atender a menores en situación de dependencia en recursos de atención temprana. El resto de las plazas (216), hasta completar las 4.515 que se mantendrán gracias a esta cuantía, están ubicadas en residencias infantiles y juveniles para menores que tienen algún tipo de medida de protección por parte de la Administración regional. Además, esta misma partida permitirá prorrogar el Programa de Vida Independiente, destinado a ofrecer apoyos a las personas con discapacidad para fomentar su autonomía personal en la realización de tareas cotidianas de la vida diaria. Ello se realiza a través de un itinerario personalizado que incluye un asistente personal, un plan individual de vida independiente, información, formación y actividades complementarias de asesoramiento. Sólo en el segundo semestre del presente ejercicio, el Gobierno autonómico ha garantizado la atención en un total de 9.386 plazas. A pesar de la crisis económica, el Gobierno regional no sólo no ha eliminado plazas, sino que ha ampliado la red pública con plazas asistenciales de nueva creación, lo que demuestra el esfuerzo que la Comunidad de Madrid está realizando por seguir atendiendo a quienes más lo necesitan en detrimento de otros gastos mucho menos importantes. Por otra parte, y en el marco de ese gasto global de casi 105 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha autorizado también tres prórrogas de otros tantos convenios de colaboración con diferentes instituciones en virtud de los cuales la Comunidad de Madrid aportará un total 19,6 millones de euros para garantizar la atención a personas en situación de dependencia. En virtud del primero de estos acuerdos, suscrito con el Ayuntamiento de Madrid, la Administración autonómica financiará en 2012 con 7,5 millones de euros el servicio que se presta en más de 3.700 plazas de residencia y centro de día en centros ubicados en la capital. De esos recursos, 138 son plazas residenciales, 2.223 son para personas diagnosticadas de Alzheimer y 1.414 son para personas con deterioro físico. Por otra parte, la Comunidad de Madrid también ha renovado otros dos convenios, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la Federación Madrileña de Municipios (FMM), respectivamente por los que el Ejecutivo regional aportará 3,7 millones para financiar 19.469 terminales de teleasistencia y, por otra parte, 8,4 millones para atender a 2.250 personas con un servicio de ayuda a domicilio. CONSEJOS ANTERIORES La semana pasada, el Ejecutivo regional autorizó un paquete de acuerdos sociales con un gasto global aparejado de algo más de 145 millones de euros que, entre otras cosas, permitirán garantizar desde el 1 de enero el pago de la Renta Mínima de Inserción a las personas que lo precisen, asegurar las prestaciones económicas que se reconozcan a las personas en situación de dependencia durante 2012 y mantener la asistencia en 369 plazas residenciales. También este mes se han destinado casi 120 millones de euros a la financiación de los servicios sociales primarios y de atención a personas en situación de dependencia residentes en la capital en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Además, este de diciembre, la Administración ha aprobado sendas partidas de 5,5 y de 52 millones de euros, respectivamente, para garantizar la nómina de noviembre de la Renta Mínima de Inserción y para garantizar la atención en 1.458 plazas asistenciales para personas con discapacidad o enfermedad mental. Todo este esfuerzo no hace sino consolidar a la región en los puestos de cabeza de atención a personas en situación de dependencia y confirmar que cuenta con la red más amplia y especializada del país