El PP de Aranjuez pide medidas cautelares para impedir los decretos de pagos de 8 millones ordenado por alcalde saliente

La alcaldesa electa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha anunciado este lunes que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el juzgado solicitando la adopción de "medidas cautelares" contra los decretos de pago aprobados por el alcalde en funciones, Jesús Dionisio (PSOE), que los 'populares' cifran en torno a los 8 millones de euros.

Además, ha anunciado la contratación de una "auditoría externa" que certifique si ha habido documentos "que se han destruido o se han llevado del Ayuntamiento en varios camiones", hecho éste último del que, según Martínez, "existen fotografías".

Los 'populares' han asegurado que el recurso contencioso-administrativo tiene como objetivo "evitar los pagos que pretende hacer el Gobierno municipal socialista saliente para ahogar la economía de Aranjuez" y han adelantado que, "con la Ley en la mano, el nuevo Gobierno municipal no dará cumplimiento a decisiones que hayan vulnerado las acciones normales en un gobierno en funciones".

El recurso judicial prevé impedir que se lleven a efecto dos Decretos de Ordenación de Pagos, cuya dación de cuenta se produjo en la Junta de Gobierno del día 31 de mayo, así como un tercero "en ciernes" que permitiría "disponer y extraer de las arcas municipales un montante cuyo importe finalmente rondaría los 8 millones de euros", según el PP.

Por otro lado, María José Martínez ha anunciado que la primera medida que adoptará tras su investidura el próximo sábado será la contratación de una "auditoría externa" para comprobar si el alcalde en funciones "se despide con trampas, chanchullos y pagos sectarios o no urgentes".

"Miraremos hasta debajo de las alfombras y la auditoría no sólo sacará a la luz el estado de cuentas real del Ayuntamiento, sino también desvelará qué documentos faltan", ha agregado.

Por su parte, fuentes municipales han restado importancia al recurso interpuesto por los 'populares' y han asegurado que los decretos de pago, que ascenderían a 5 millones, están justificados por ser abonos "normales" correspondientes a cantidades "habituales todos los años por estas fechas, dado que hay que pagar las fiestas de San Fernando, los aplazamientos del IRPF de Hacienda y los créditos bancarios y las subvenciones culturales y deportiva