Casi 2.000 reclamaciones por sanciones de tráfico sufrieron demoras multiplicando por tres el plazo de resolución

Un total de 1.977 reclamaciones por sanciones de tráfico sufrieron demoras multiplicando por tres el plazo máximo de resolución, como detalla el Defensor del Pueblo en su informe anual haciendo referencia a la actuación del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid.

La Institución que en funciones dirige María Luisa Cava de Llano señala que, a fecha de 2 de noviembre de 2010, sólo en materia de sanciones de tráfico quedaban pendientes de resolver 10.119 reclamaciones, de las que 1.977 habían sido presentadas con anterioridad al 15 de junio de 2009.

Esto "multiplica por tres el plazo máximo de resolución de que dispone este tribunal, que justifica sus demoras debido a que sigue estrictamente el orden de entrada de las reclamaciones agrupadas por su naturaleza o materia", apunta el Defensor.

El tribunal se justifica diciendo que el retraso se debe al "muy elevado número de reclamaciones anteriormente interpuestas ante y limitados los recursos humanos y técnicos de que dispone". El Defensor añade que dicho tribunal "no entra, con carácter general, en el fondo de las alegaciones, sino que desestima por motivos puramente formales".

"Este problema ha resultado especialmente gravoso en aquellas reclamaciones que tenían por objeto procedimientos ejecutivos de recaudación, en los cuales se denunciaba que la sanción o liquidación tributaria que daba origen al citado procedimiento no había sido correctamente notificada, por lo que la primera vez que el ciudadano tenía conocimiento de su existencia había sido la notificación de la providencia de embargo", ha apuntado.

También el Defensor del Pueblo recibió en 2009 hasta 22.475 reclamaciones por la Tasa de Basuras del Ayuntamiento de Madrid, a las que habría que sumar las 12.042 que estaban pendientes en diciembre de ese año, como expone el informe anual que ha presentado la Defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano.

La Institución recuerda la aprobación de determinadas ordenanzas municipales que fueron objeto de "especial conflictividad", entre las que se encontraba la de Basuras que, como añaden, "muchos años atrás había sido subsumida por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)".

"Esta nueva figura tributaria supuso un ingente número de reclamaciones económico-administrativas" que, según la Memoria del Tribunal Económico-Administrativo local de Madrid para el año 2009, recogía hasta 4.783 reclamaciones desestimadas y archivadas.

Otra de las tasas más polémicas promovida por el Ayuntamiento de Madrid fue la de paso de carruajes a través de las aceras, modificada mediante un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de diciembre de 2005.

"En 2006 la cuota de dicha tasa se incrementó en tal medida que fueron muchos los ciudadanos que recurrieron la misma ante el tribunal", añade el Defensor del Pueblo.