Un ex asesor de López Viejo responsabiliza de la contratación a los directores generales de las consejerías

Francisco Rodríguez Pendas, que fue asesor técnico del diputado regional Alberto López Viejo cuando éste trabajaba en la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, ha responsabilizado a los directores generales de las consejerías del Ejecutivo autonómico de la contratación que se realizaba con las empresas comandadas por el 'cerebro' del 'caso Gürtel', Francisco Correa.

Así lo ha manifestado durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira, quien le imputa los delitos de participación en la trama, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secreto, falsedad documental, malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

A su llegada a las dependencias judiciales, Rodríguez Pendas ha ocultado su rostro con un casco y unas gafas para evitar ser captado por los fotógrafos y las cámaras. De igual modo, escondiendo su cara, ha abandonado el TSJM.

Pese a la cantidad de delitos que se le imputan, el magistrado ha acordado no tomar ninguna medida cautelar contra él. En la comparecencia, Pendas se ha negado a declarar, pero ha leído un escrito en presencia del magistrado instructor y de las partes asistentes en el que reconoce haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Rodríguez Pendas ha asegurado al leer el escrito que seguía órdenes de López Viejo y ha insistido que la contratación en las consejerías de la Comunidad de Madrid dependía de los directores generales de cada departamento.

IMPUTACIÓN DE DIRECTORES

Según estas fuentes, las manifestaciones del ex asesor de López Viejo vendrían a respaldar la decisión del PSM de solicitar la imputación de 45 personas de la Comunidad de Madrid, entre ellos varios directores generales. La petición de imputación está relacionada con las personas de la Comunidad de Madrid que autorizaron o consistieron con su firma un fraccionamiento de las facturas de los actos organizados por diferentes consejerías a sabiendas de la ilicitud de su conducta.

Según el PSM, estas prácticas consistían en el encargo por parte de los órganos de contratación administrativa a las empresas Diseño Asimétrico SL., Good&Better SL., Easy Concept Comunicación SL. y Servimadrid SL. de diversos actos de protocolo o representación, "buscando para justificar la contratación de procedimientos ilegales tendentes a conseguir que la contratación por cada una de las facturas no superase los límites permitidos a los denominados contratos menores de servicios".

Esta solicitud dio lugar a que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, interpusiera una querella en los Juzgados contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por denuncia falsa. Así, el consejero denunció que el PSOE pretendía así extender "una sombra de sospecha" sobre estas personas, "en su mayoría funcionarios y que han hecho su trabajo con total rectitud". La querella no fue admitida a trámite.

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella contra Baltasar Garzón por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por intervenir conversaciones mantenidas por los cabecillas de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión, ha acordado prorrogar por tercer mes consecutivo el secreto sobre la documentación que le ha sido remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre este asunto.

El magistrado del alto tribunal señala, en un auto dado a conocer este jueves, que subsisten las razones por las que, el pasado 29 de junio, abrió pieza separada en este sumario con los documentos que remitió el instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, sobre las intervenciones realizadas en la prisión de Soto del Real (Madrid) al número dos de la trama, Pablo Crespo, respecto de las que declara el secreto durante treinta días más para todas las partes personadas excepto la Fiscalía.

Jorge Barreiro justifica su decisión a fin de "no perjudicar la instrucción" que se tramita en el TSJM, órgano en el que los citados documentos también se encuentran bajo secreto sumarial. Se trata de dos oficios del centro penitenciario de Soto del Real de marzo y abril de este año, un oficio de la UDEF de marzo de 2009 y el auto en el que Pedreira acordaba, el 20 de abril de ese mismo año, la prórroga de las intervenciones acordadas por Garzón.

Todas las intervenciones realizadas sobre las conversaciones que mantuvieron el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y otros dos imputados con varios abogados en prisión fueron anuladas el pasado 25 de marzo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó que vulneraban el derecho de defensa de los implicados.

La querella admitida contra Garzón por este asunto fue interpuesta por el abogado Ignacio Peláez, que defiende al imputado en la trama "Gürtel" José Luis Ulibarri, y posteriormente se adhirió a ella el propio Correa. Garzón acumula tres querellas en el alto tribunal -a ésta se añaden otras dos por prevaricación por investigar sin competencias las fosas del franquismo y por su gestión de unos cursos en la Universidad de Nueva York- y fue suspendido en sus funciones el pasado mes de mayo.