Jueces,catedráticos y ONG piden el cese de controles "ilegales" a inmigrantes y acuden a Defensor del Pueblo

Fiscales, jueces, catedráticos de derecho penal y 141 asociaciones que trabajan con inmigrantes han exigido a Interior el cese de redadas y detenciones de extranjeros que se están practicando "al margen de la ley" y con criterios "racistas y étnicos", y han cursado una queja al Defensor del Pueblo.

Durante la presentación del informe jurídico "Controles de identidad y detención de inmigrantes. Prácticas ilegales", la catedrática de Derecho Penal, Margarita Martínez, ha denunciado que el Estado está usando "la fuerza sin sujeción a las normas y vulnerando derechos de núcleo duro como la privación de libertad".

El estudio, elaborado por el Grupo Inmigración y Sistema Penal -formado por juristas y expertos en derecho-, analiza la legalidad de detener y conducir a comisaría a extranjeros documentados pero que no acreditan su estancia legal en España, así como identificar en lugares públicos y seleccionar a los extranjeros por sus rasgos étnicos o raciales.

Hace unas semanas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que los agentes están obligados a hacer "detenciones preventivas" en cumplimiento de una instrucción emitida este año por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

En un año y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid se han practicado 445.000 "detenciones preventivas", según las cifras del SUP.

Por todo ello, más de 140 asociaciones que trabajan con inmigrantes han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior, en donde califican esta práctica policial de "absolutamente ilegal", dado que los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una persona que, en todo caso, sólo ha incurrido en una falta administrativa.

La Ley de Extranjería se limita a imponer una multa económica a los extranjeros que están en España en situación administrativa irregular (sin papeles).

El informe jurídico, presentado por el profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez Tomás, afirma que los controles para identificar a una persona en la vía pública quedan sometidos a "estrictos" requisitos legales, como son la constancia de la comisión de un delito que cause grave alarma social o bien que su finalidad sea descubrir a los autores de dicho delito.

Por tanto, ha explicado Sánchez, la ley de seguridad ciudadana sólo habilita a los agentes a ejercer funciones judiciales y no administrativas y, en consecuencia, los controles "masivos no tendrían cobertura legal".

Tampoco "cabe jurídicamente" la selección de inmigrantes por sus rasgos raciales ni conducirlos a las comisarías, ya que supone violar un derecho fundamental -la privación de libertad- "sin que exista una previsión legal expresa" para poder hacerlo.

Tras recalcar que este derecho es inherente a la dignidad de la persona, con independencia de su origen, Sánchez ha añadido que la ley de extranjería sólo prevé esta práctica en los supuestos de que exista una orden de expulsión, se incumpla la prohibición de entrada a España durante un tiempo determinado, y el rechazo en frontera.

En el acto, el senegalés Daouda Thiam, de la Asociación de Sin Papeles, ha dicho que los inmigrantes son detenidos en locutorios, bibliotecas, embajadas o consulados, y en repetidas ocasiones pese a haber sido ya identificados.