Granados reubica los centros de reinserción de menores para reducir gastos

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha anunciado que los doce centros que tiene la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARMI) se van a "reubicar" y "concentrar" para reducir gastos, y que las ONG que los gestionan tendrán que "apretarse el cinturón".

Según Granados, esas medidas no supondrán una "reducción en la calidad del servicio" y permitirán a su Consejería "ahorrar siete millones de euros".

Así lo ha asegurado en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, donde ha comparecido para presentar el proyecto de Presupuestos de su Consejería para 2010: 910,32 millones de euros, un 0,94% menos que este año.

Granados ha explicado que la partida para la ARMI (57,9 millones de euros) sufre un recorte del 11% y que esto supondrá "apretar el cinturón a las entidades sin ánimo de lucro con las que trabaja y reubicar y concentrar los centros para reducir gastos, pero también para mejorar el servicio".

La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que se puso en marcha en 2004, pretende "devolver a los jóvenes infractores completamente integrados a la sociedad madrileña".

En su comparecencia, Granados ha defendido que los presupuestos regionales para el año que viene son "austeros", "realistas", "sociales" y "comprometidos con la crisis en que nos ha sumido el señor Rodríguez Zapatero".

Los presupuestos de su Consejería contemplan una reducción de entre el 15% y el 36% en las subvenciones que otorga a asociaciones de todo tipo, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Asociación para la Defensa de la Nación Española y la de los Abogados de Atocha.

La Dirección General de Seguridad e Interior contará con un presupuesto de 144,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,51%, destinado a sufragar los sueldos y el material de los cerca de 500 efectivos que se han incorporado este año a las BESCAM.

También la Dirección General de Justicia verá incrementado su presupuesto en un 5% respecto a este año para sufragar los gastos de personal de los 27 o 30 juzgados que se abrirán en la región.

Granados ha resaltado que a la plantilla de empleados públicos de su Consejería (9.946 trabajadores) se incorporan el año que viene 615 trabajadores más, de los cuales 482 van a la Administración de Justicia, lo que representa un "incremento de personal importante en momentos de crisis", ha subrayado.