La decisión de Esperanza

Sintiendo que el cerco se estrechaba más y más sobre su gobierno, sobre su responsabi-lidad en su partido, sobre sus alcaldes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre decidió que a la menor “acusación” sobre alcaldes, concejales, diputados o miembros relevantes del PP, el inculpado debería dimi-tir de su cargo y dejar en suspenso su mili-tancia. Era una forma de parar el vendaval de acusaciones y poder tener las manos libres para maniobrar frente a lo que consideraba y considera un “montaje” contra su per-sona y sus aspiraciones políticas.Lo pensó, lo consultó con su núcleo duro en el Ejecu-tivo, lo consensuó con Mariano Rajoy - pese a que en otras Comunidades no empleen el mismo baremo - y lo ha puesto en marcha. Luego vendrá en que se quedan cada una de las diligencias previas en las que se está, en qué se quedan las inculpaciones ( una forma legal de dar mayores seguridades jurídicas a la persona a la que se cita a decla-rar frente a la opción de meros testigos, que no podrían ir acompañados de abogado, ni podrían negarse a declarar ) e incluso cuando se llegue a los respectivos sumarios y juicios quienes y por qué puedan quedar condenados: un largo camino a recorrer, pero cuya primera piedra, la social, hace que se emitan “condenas públicas” y se pro-duzcan daños imposibles o muy difíciles de reparar.Invertida la carga de la prueba, la simple aparición de un nombre en una lista significa la “culpabilidad social” e incluso para mucha gente la condena de esa persona. Ya no se trata de que el sistema judicial y policial demuestre la culpabilidad, ahora se trata de que cada uno de los que están en un listado - convenientemente dado a conocer a los medios de comunicación - tengan que demostrar su inocencia. Una ardua tarea en la que quedan com-prometidos para siempre. Ellos y sus familias. ¿Y si luego que-dan libres de todo?, ¿quiénes les repondrán en sus honras, en sus trabajos, en su estima, en su imagen social? Nadie será culpable de nada. El propio sistema admite esa distorsión y no parece que la clase política, la única que podría poner remedio a esa situación a través de nuevas leyes y reglamen-tos, en su papel de Legislador, esté por esa labor. Podemos decir que es un “daño colateral”, un mal del funcionamiento jurídico que se fija más en el colectivo que en el individuo.Mientras el Tribunal Supremo envía al Consejo General del Poder Judicial una posible “falta muy grave” del juez Baltasar Garzón por sus ingresos como profesor ocasional en Nueva York en 2005 y 2006, y el magistrado presenta su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, los diversos escándalos y actuaciones judiciales han colap-sado la actividad del Gobierno autonómico de Madrid y la de muchos de los principales municipios. El daño político es incuestionable, el daño social muy importante, y el daño económico para muchas pequeñas y medianas empresas irreparable, por su hundimiento. Y Madrid, a nivel comu-nitario, ha sido y es el principal motor de la economía española, la región que ha captado más inversiones de fue-ra, la que mayor desarrollo ha experimentado y la que más contribuye al PIB nacional. No conviene olvidar esa reali-dad. Sin que por ello haya que renunciar ni a la libertad de expresión, ni al esclarecimiento total de los hechos. Nadie debe estar por encima de la ley, pero a nadie debe acosar la propia ley, pues contravendría el principio básico de la jus-ticia. Y no por estar acostumbrados a ello podemos seguir repitiendo que lo legal muchas veces no es justo, que lo justo muchas veces no es legal, y que la verdad también muchas veces choca con ambos conceptos.
La falta de una “conciencia de estado” comienza a ser muy preocupante en la vida pública. El daño que está sufriendo España de cara al exterior se traduce en que todo, todo, nos cuesta mucho más, y que en todos los ámbitos y esferas internacionales nuestra opi-nión cuenta menos. La verdad tiene que prevalecer, pero la verdad, no las medias verdades que encierran medias mentiras. La verdad comprobada y juzgada, la verdad incuestionable, no los procesos, no las opiniones vertidas o captadas de forma legal o ilegal. No cesamos de “tirar piedras a nuestro propio tejado” y de aparecer ante los ojos del resto de los países como una nación de tercera.¿Quiénes van a venir a invertir a España cuando apare-cemos como el país de Alí Babá y sus cuarenta discípulos? ¿Cuánto más va a costarles el dinero o la financiación a nuestros bancos, cajas y empresas ante la imagen de des-moronamiento político, social y económico que ofrecemos cada día?. Las respuestas tienen todo que ver con el paro, con la seguridad de las familias, con el valor de las hipo-tecas, con el mantenimiento del tejido industrial. Tie-nen mucho que ver con la pro-pia pervivencia de la libertad de expresión que se reclama desde los medios de comunicación y que es uno de los pilares bási-cos de nuestro sistema demo-crático.La sínte-sis de todo lo anterior se está viviendo en la Comunidad de Madrid. Aquí la búsqueda del poder, la conquista del poder y el manteni-miento del poder, en todas sus esferas, es muy superior al de cualquier otro lugar de España. Es parte de la grandeza y de la miseria de ser la capital del Reino y el centro de casi todo el sistema político, empresarial y financiero. De ahí que el drama de Esperanza Aguirre pueda ser un buen ejemplo en el que se miren el resto de presidentes. Y aquí no vale el “ella se lo ha buscado”, pues aunque fuera verdad y no un duro e injusto ejercicio de cinismo, sería la antesala de un “ y tú más”, preludio de un recíproco ajuste de cuentas dentro y fuera de los partidos políticos que podría volar todo el andamiaje democrático construido en los últimos treinta años.


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