Miles de personas se manifiestan contra las privatizaciones del Gobierno de Madrid

Varios miles de personas -2.000 según la policía y más de 10.000 según los sindicatos convocantes- se manifestaron en la tarde de ayer en Madrid en defensa de los servicios públicos y contra la "política privatizadora" del gobierno de la comunidad autónoma madrileña.

Convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIT Unión Profesional, la protesta discurrió desde la plaza de Cibeles hasta el inicio de la calle Alcalá, en las inmediaciones de la Puerta del Sol.

Los sindicatos habían convocado, bajo el lema "Por la defensa y dignificación de lo público", a los 200.000 funcionarios que trabajan en los servicios públicos madrileños, como sanidad, educación y justicia, en una manifestación en la que se han coreado "villancicos antiprivatizadores".

"En épocas de dificultades es cuándo la ciudadanía necesita a un gobierno que esté presente y proteja los servicios públicos, pero el de Aguirre está ausente, en Bombay o no sé dónde", ha criticado el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez.

Además de Martínez, han encabezado la manifestación su homólogo de CCOO, Javier López, y el portavoz de Asuntos Sociales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Zerolo.

En la protesta también han estado presentes representantes del Comité de Empresa del Canal de Isabel II, del hospital Doce de Octubre y de la Radio Televisión pública (Telemadrid).

Según los sindicatos, las "privatizaciones" de la enseñanza y la sanidad por parte del Gobierno regional y "la negativa" a cumplir el Estatuto Básico de estos profesionales han provocado un año de movilizaciones que se cierra con la manifestación de esta tarde.

El 3 de septiembre de 2007 el entonces vicepresidente segundo del Gobierno regional madrileño, Alfredo Prada, firmó dos acuerdos con CCOO, UGT y CSIT-UP, con el fin de proporcionar a los funcionarios públicos de la Comunidad medidas de formación, motivación y facilidades para conciliar la vida laboral y personal.

Sin embargo, los convocantes denuncian que estos acuerdos nunca llegaron a llevarse a cabo y desde entonces reclaman la consecución de empleo estable y de calidad, la reducción de la temporalidad y la homologación de derechos entre todos los empleados públicos.

También demandan el desarrollo efectivo de la carrera profesional; un plan de igualdad y medidas para conciliar la vida personal, familiar y profesional, así como derechos laborales específicos para las mujeres víctimas de violencia machista.

Reivindican, además, un modelo de salud laboral, un plan de pensiones, la extensión del abono transporte y, "especialmente -aseguran- calidad de los servicios públicos frente a la política de privatizaciones".