El Consejo de Ministros aprobó el 18 de noviembre de 2026 un real decreto ley para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos correspondiente a 2027. La medida se enmarca en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado en noviembre de 2025 por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la Función Pública: CCOO, UGT y CSIF.
Claves de la noticia
Incrementos pactados
El acuerdo prevé subidas del 2,5% en 2025, el 2% en 2026, el 4,5% en 2027 y el 2% en 2028.
Subida de 2027
El aumento será del 4,5% respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026, con las condiciones previstas para el incremento adicional de 2026.
Personas beneficiarias
Las subidas benefician a más de 3 millones de trabajadores del sector público, entre ellos funcionarios y personal laboral.
El acuerdo fija como objetivos mejorar los servicios de las Administraciones Públicas, modernizar el servicio público y actualizar las retribuciones entre 2025 y 2028. La subida salarial forma parte de un conjunto de compromisos dirigidos también a reforzar la capacidad institucional, reducir la temporalidad y avanzar hacia una Administración moderna, accesible e igualitaria.
Calendario de las subidas salariales
En diciembre de 2025 se abonó el incremento correspondiente a ese año: un 2,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. Incluyó un aumento adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
Para 2026 se estableció una subida consolidable del 2% sobre las retribuciones incrementadas en 2025. Se distribuye en un 1,5% fijo en 2026 y un 0,5% que se abonará en el primer trimestre de 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%.
El real decreto ley aprobado prevé para 2027 un incremento del 4,5% respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026. En ese cálculo se incluye el 0,5% adicional correspondiente a 2026, sujeto a la condición sobre el IPC y a su abono en el primer trimestre de 2027. Para 2028 se contempla una subida fija del 2%.
La norma también prevé incrementar un 4,5% el gasto en programas de acción social para empleados públicos.
A quién afecta y qué otras medidas incluye el acuerdo
Más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras se benefician de estas subidas: funcionarios, personal laboral y otros asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; por número de efectivos, les siguen las entidades locales y la Administración Central.
El acuerdo contempla, además, medidas para agilizar los procesos selectivos, como eliminar la tasa de reposición de efectivos para calcular las Ofertas de Empleo Público y ampliar las becas para aspirantes. También incluye iniciativas de promoción interna, desarrollo profesional y provisión de puestos, entre ellas cursos y nuevas modalidades de promoción interna.
Entre las medidas previstas figuran el aumento de plazas destinadas a la ciudadanía y la extensión del complemento de «atención al público». En salud laboral, bienestar y prevención de riesgos psicosociales, se impulsará el tratamiento específico de esos riesgos y de la climatología adversa.
El pacto también prevé revisar al alza las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de residencia e insularidad, mejorar la formación mediante un Plan de Competencias Digitales e Inteligencia Artificial y crear el Observatorio del Empleo Público.
Antecedentes del acuerdo salarial
En 2022, el Gobierno y los sindicatos firmaron el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, impulsado en línea con el Plan de Recuperación. El pacto buscaba mejorar las condiciones de trabajo del empleo público en el escenario posterior a la pandemia y a la guerra en Ucrania, y recogió las subidas salariales hasta 2024.
Tras su firma, las retribuciones aumentaron un 3,5% en 2022. En 2023 se aplicó una subida del 2,5%, a la que se añadieron dos incrementos del 0,5%: uno para compensar los efectos de la inflación y otro vinculado al aumento del PIB nominal. La senda culminó en 2024 con una subida fija del 2%.
Durante ese periodo también se impulsaron mejoras específicas en la Administración de Justicia. En octubre de 2023 se actualizó el régimen retributivo de jueces, fiscales y letrados. En abril de 2024 se firmó otro acuerdo para aumentar el sueldo, mediante el complemento específico, de los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La noticia en cifras
| Año o concepto |
Incremento |
Condiciones o referencia |
| 2025 |
2,5% |
Sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024; incluye un 0,5% adicional y consolidable, con efectos desde el 1 de enero de 2025. |
| 2026 |
2% |
Sobre la base de las retribuciones incrementadas en 2025: un 1,5% fijo en 2026 y un 0,5% que se abonará en el primer trimestre de 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%. |
| 2027 |
4,5% |
Sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026. La norma incluye el incremento del 0,5% de 2026, condicionado a la variación del IPC. |
| 2028 |
2% |
Incremento fijo previsto en el Acuerdo Marco. |
| Programas de acción social para empleados públicos |
4,5% |
Incremento del gasto previsto para 2027. |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto subirán las retribuciones en 2027?
El incremento será del 4,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026. La norma también prevé un aumento del 4,5% del gasto en programas de acción social para empleados públicos.
¿Cuándo se abonará el aumento salarial de 2026?
El incremento de 2026 es del 2% sobre las retribuciones de 2025: un 1,5% fijo se abonará en 2026 y el 0,5% restante, en el primer trimestre de 2027, si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%.
¿A quiénes alcanzan estas subidas?
Según la noticia, se benefician más de 3 millones de trabajadores del sector público, entre ellos funcionarios y personal laboral. La mayoría trabaja en las comunidades autónomas, seguidas por las entidades locales y la Administración Central.