El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por malversación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial confirmó cargos reducidos y levantó medidas cautelares. Se solicitan penas de hasta 13 años para Gómez, quien mantiene su inocencia.
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar de nuevo a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, según un auto emitido el lunes.
La decisión del magistrado se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid corrigiera parcialmente su instrucción inicial, archivando dos de los delitos imputados y ordenando levantar las medidas cautelares impuestas previamente a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez. No obstante, el juez mantiene su postura de llevar a juicio a ambas por los delitos que considera probables.
Esta es la segunda vez que el juez Peinado abre juicio oral contra Gómez y Álvarez. En junio pasado, el magistrado atribuyó a ambas presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, imponiendo medidas cautelares como la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional.
Tras recurrir esta decisión, la Audiencia Provincial confirmó el envío a juicio con jurado popular, aunque redujo el alcance de los cargos. En concreto, confirmó la acusación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, mientras que contra su asesora solo mantiene el cargo de malversación.
Por otro lado, la Audiencia decidió apartar del juicio con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa, y ordenó que la investigación sobre él continúe en relación con la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.
Indicios y acusaciones
Según la Audiencia de Madrid, existen indicios que sitúan a Begoña Gómez en una presunta participación en tráfico de influencias cometido por particular, tanto en la creación de una cátedra universitaria como en la intermediación en favor de Barrabés. Asimismo, se le atribuye una supuesta malversación de patrimonio público relacionada con el destino de un software y la utilización para fines privados de su asistente personal.
De cara al juicio, la acusación popular liderada por Hazte Oír solicita penas de hasta 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez. En contraste, las defensas de las imputadas y la Fiscalía piden su absolución.
El caso sigue generando gran expectación por la implicación directa de la esposa del presidente del Gobierno, quien mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
Si (
No(
