El Supremo considera consultar al TJUE ante posibles conflictos con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea

El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver dudas sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno español. La iniciativa surge ante la sospecha de que esta medida podría entrar en conflicto con la normativa comunitaria vigente, en particular con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes implicadas para que expresen su opinión sobre la conveniencia de consultar al TJUE. Esta decisión responde a recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón.

El real decreto que regula esta regularización incluye dos disposiciones adicionales que establecen un proceso general para que ciudadanos extranjeros en situación irregular puedan obtener permisos de residencia. No se trata de un reconocimiento individualizado, sino de un marco normativo aplicable a todos los afectados que cumplan ciertos requisitos.

Dudas sobre la compatibilidad con la normativa europea

El Supremo ha señalado que el régimen de regularización suscita la duda de si podría entrar en conflicto con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (PMAUE). En particular, cuestiona si es admisible que, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición en España, se reconozca un derecho de residencia temporal a quienes están en situación irregular sin someterse a una orden de retorno, salvo excepciones autorizadas por la normativa comunitaria.

Además, el tribunal quiere conocer si es compatible con el derecho comunitario que un Estado miembro adopte y aplique, mediante norma reglamentaria de rango inferior, un proceso masivo de regularización que podría afectar entre 900.000 y 1.650.000 personas, sin que exista notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con otros países miembros.

Cuestión política y social

El Supremo también consulta si, con la vigencia del Pacto sobre Migración y Asilo y el Reglamento (UE) 2024/1351, un Estado puede establecer una regularización masiva sin condicionamientos distintos a la mera decisión política.

Esta cuestión se plantea semanas después de que el propio Tribunal Supremo rechazara suspender cautelarmente la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, a pesar de las solicitudes de suspensión presentadas por varios colectivos y partidos políticos. En ese momento, el tribunal destacó el interés público y el componente humano de permitir la integración plena de personas extranjeras que llevan tiempo en España y que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden acceder a autorizaciones temporales de residencia.

Balance y contexto del proceso de regularización

El plazo para presentar solicitudes a esta regularización extraordinaria finaliza el 2 de julio, tras más de dos meses desde su puesta en marcha. Según datos del Gobierno, se han registrado alrededor de 1,2 millones de solicitudes, cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales que estimaban que se beneficiarían unas 500.000 personas.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que estos datos están pendientes de un proceso de filtrado para eliminar posibles duplicidades y otros factores que puedan afectar provisionalmente a las cifras iniciales.

Esta medida tiene un impacto significativo en la política migratoria española y en la integración social, ya que busca regularizar a un gran número de personas que se encuentran en situación irregular, facilitando su acceso a derechos y servicios básicos.