El Colegio de Caminos alerta sobre la crisis laboral en el sector por bajos salarios y presión de precios

El decano de Andalucía, Ceuta y Melilla ha hecho un llamado urgente a la acción para abordar la precarización del sector de la ingeniería, instando a establecer "líneas rojas infranqueables y un consenso de mínimos" que permitan reformar las condiciones laborales actuales en el ámbito de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Este reclamo se realizó durante la jornada titulada 'La calidad en el empleo de los ICCP en la Ingeniería', organizada por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP.

Durante el evento, se destacó la necesidad de una colaboración entre administraciones públicas, empresas de ingeniería y construcción, así como asociaciones sectoriales y profesionales, para mejorar las condiciones empresariales y salariales en el sector. Juan Manuel Medina, decano del colegio, enfatizó que es crucial alcanzar un acuerdo que revierta el deterioro progresivo que ha afectado a esta profesión en los últimos años.

Un Llamado a la Unidad

Medina subrayó que los esfuerzos deben centrarse en acordar unas "líneas rojas infranqueables" que permitan reformar las condiciones de contratación. En sus palabras, "debemos ser capaces hoy de acordar unas líneas rojas infranqueables y que todos rememos juntos". Esta idea fue respaldada por diversos representantes públicos y privados que participaron en las mesas de discusión.

El decano también advirtió sobre el riesgo de consolidar una Ingeniería low cost, resultado de años de adjudicaciones a la baja. Según él, esto podría comprometer tanto la calidad técnica como la responsabilidad social inherente a esta profesión. "La calidad del empleo de un ingeniero de Caminos determina la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras que construimos", lamentó.

Desafíos del Sector

En su intervención, Medina reveló que actualmente el 73% de las empresas enfrenta dificultades para encontrar ingenieros calificados, según un estudio realizado por Manpower. Además, señaló que España necesitará incorporar 200.000 nuevos profesionales en la próxima década debido a la jubilación inminente del 35% de los ingenieros en un periodo estimado entre diez y trece años.

Ante este panorama preocupante, hizo hincapié en la urgencia de otorgar mayor peso a la calidad técnica en las licitaciones públicas. También propuso recuperar cláusulas para revisión de precios con el fin de proteger los salarios ante la inflación en contratos prolongados. "No podemos permitir seguir siendo invisibles para la sociedad", concluyó Medina.

La Importancia del Mantenimiento Infraestructural

En otro momento del evento, Mario Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, destacó que "las infraestructuras son para la sociedad lo que el esqueleto es para un ser vivo". Subrayó que estas estructuras no solo favorecen el desarrollo económico sino que también aportan valor patrimonial esencial. Muñoz-Atanet abogó por una revisión profunda de la Ley de Contratos Públicos debido a su impacto negativo sobre las infraestructuras.

Sergio Arjona, homólogo del viceconsejero en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, resaltó cómo la calidad del empleo en este sector es fundamental para el desarrollo económico y social actual. Enfatizó además la necesidad urgente de alinear las condiciones laborales con las responsabilidades exigidas por esta profesión.

Reivindicaciones Empresariales

Representantes de diversas asociaciones empresariales coincidieron en señalar que es necesario garantizar estabilidad presupuestaria para inversiones en infraestructuras mediante una asignación fija del PIB destinada a su construcción y conservación. Esta medida busca asegurar tanto el progreso nacional como frenar la fuga de talento dentro del sector.

Entre sus principales demandas se incluye establecer precios ajustados a los costos reales para las licitaciones y definir claramente el alcance y responsabilidad dentro de los contratos. También pidieron incluir cláusulas específicas para remunerar adecuadamente cualquier modificación o demora durante su ejecución. Por último, abogaron por limitar encargos a medios propios administrativos e impulsar procedimientos más ágiles para contratación y adjudicación.

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