La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha solicitado la retirada del Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) al considerar que, lejos de mejorar el acceso a la vivienda, "lo empeorará", al no suponer una mejora respecto al marco normativo vigente ni responder a las actuales necesidades territoriales, urbanísticas y sociales de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha trasladado la organización vecinal en un comunicado después de registrar alegaciones al texto, en las que advierte de que la propuesta del Gobierno regional no dará respuesta a la actual crisis habitacional al concebir el suelo, "incluso parte del protegido", como "un gran solar disponible para que la iniciativa privada pueda construir, hacer negocio", relegando el derecho a la vivienda a un "segundo plano".
Según la FRAVM, el anteproyecto presenta un enfoque "marcadamente economicista y urbanocentrista", a su juicio, un "nuevo intento de adaptar el marco legal a las demandas de agilización y flexibilidad de quienes siguen contemplando el territorio y la vivienda, ante todo, como ámbitos de oportunidad económica".
Todo ello, sin apostar por medidas clave como "ampliar y blindar la vivienda protegida y el patrimonio público del suelo", elementos que considera "esenciales" para hacer frente a la actual emergencia habitacional.
Así, la FRAVM considera que el anteproyecto constituye "una oportunidad perdida" para garantizar el derecho a la vivienda, reequilibrar el territorio, fortalecer el papel de los ayuntamientos, mejorar la ciudad existente o proteger el suelo rural, y reclama la apertura de un proceso de participación "real y útil" con ciudadanía, administraciones y agentes sociales.
En este sentido, también cuestiona el plazo de un mes establecido para el periodo de información pública, "insuficiente" para un proyecto de esta envergadura, más aún al coincidir con la Semana Santa, por lo que plantea su ampliación a un mínimo de 45 días hábiles en caso de que el Ejecutivo autonómico no retire el texto.
Aunque reconoce algunos aspectos positivos, como una mayor claridad en la ordenación del sistema o la inclusión de referencias a la rehabilitación y la participación ciudadana, la FRAVM mantiene una valoración global "crítica y pesimista" del anteproyecto.
REFORZAR VIVIENDA PÚBLICA, ENTRE LAS PROPUESTAS
Entre sus principales propuestas, la federación plantea reforzar la vivienda protegida, destinando más del 50% del suelo residencial de nuevos desarrollos a este fin, "y que una parte sustancial de esta sea obligatoriamente de alquiler", así como "garantizar" su mantenimiento como vivienda protegida durante toda la vida útil del inmueble.
"Del mismo modo, la ley debería vincular con mayor fuerza los nuevos desarrollos a la creación efectiva y simultánea de equipamientos básicos públicos, evitando que la llegada de población siga produciéndose por delante de los servicios, como tantas veces ha ocurrido en la región", añaden desde la FRAVM
También propone reforzar la adquisición de suelo público, ampliar los patrimonios públicos de suelo, limitar su enajenación y ampliar instrumentos como el derecho de tanteo y retracto.
En materia territorial, la FRAVM advierte de que el anteproyecto debilita la protección del suelo rural al ampliar los supuestos de uso, por lo que reclama reforzar su preservación ambiental, agraria y paisajística, "evitando que la excepción termine actuando como regla".
Asimismo, alerta de un posible "debilitamiento de la autonomía municipal" mediante figuras como las Zonas de Interés Regional o los Proyectos de Alcance Regional, que podrían "permitir convertir la excepcionalidad en regla" mediante mecanismos que "subordinan el planeamiento municipal a decisiones adoptadas desde la lógica de la urgencia inversora, la oportunidad económica o la mera conveniencia política".
En la misma línea, la federación cree que la LIDER debería "reforzar el municipalismo efectivo limitando la tutela autonómica a supuestos estrictamente necesarios".
Por último, la FRAVM critica el mantenimiento del peso de las declaraciones responsables urbanísticas, cuyo uso, según señala, "ha generado problemas enormes en la región, como el descontrol y la expansión de las viviendas de uso turístico ilegales".
Es por ello que también propone en sus alegaciones una limitación "mucho mas estricta" del papel de las entidades privadas colaboradoras urbanísticas, "excluyendo su intervención en funciones que afecten materialmente a la verificación, inspección y control de la legalidad urbanística", así como en la comprobación de calificaciones de vivienda protegida.
"El anteproyecto debe revisarse para reforzar la dirección pública efectiva de la gestión urbanística y para limitar la externalización o privatización de funciones que afectan al núcleo de la acción urbanística", sostiene la organización vecinal.
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