La mujer del presidente de Quirón Prevención ha negado este jueves durante su declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias que Alberto González Amador le pagara a su marido una comisión encubierta con la compra de una sociedad como supuesta contraprestación a la adjudicación de contratos a Maxwell, consultoría sanitaria de la que el empresario era administrador único y por los que facturó cerca de dos millones de euros.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha interrogado a la investigada durante algo más de una hora en el marco de la causa que instruye contra la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por presunta corrupción en los negocios.
La citación se realiza con el fin de averiguar si se pagó la citada comisión "encubierta" de medio millón de euros por la compra de una sociedad que "carecía de actividad y patrimonio", según consta en la diligencia de citación.
Durante la comparecencia, la investigada ha negado tal afirmación, explicando con detalle y datos cómo se desarrolló la operación de venta de Círculo de Belleza S.A..
Así, ha detallado que parte de una oferta que le pone sobre la mesa González Amador y que ésta ve "correcta" y "razonable" para poner en marcha "otros proyectos", según han indicado fuentes jurídicas. También ha manifestado que "no se leía los contratos", indicando que "todo lo veía normal" y que no habla de esos temas con su marido.
DOCUMENTACIÓN
El pasado 10 de abril, González Amador documentó ante la magistrada los ingresos obtenidos de Quirón, negando su ocultación para evitar la tributación ante Hacienda. Afirmó además que la compra de la citada sociedad se realizó por el valor de su red de distribución que tenía y que incluía a farmacias.
Se trata de la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
NUEVOS DELITOS
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L --empresa de Alberto González Amador-- y su cliente Quirón Prevención S.L".
La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".
Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".
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