De esta forma, el alto tribunal zanja desde el punto de vista judicial un proceso que ha durado 26 meses y cierra la vía a cualquier demanda individual o colectiva al apreciar que, en este momento, esta materia ya es cosa juzgada, quedando sin efecto la litispendencia apreciada por la Audiencia Nacional en junio de 2014.
En concreto, el Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF contra las medidas de flexibilidad interna ofrecidas dentro del proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la sentencia.
Así, los trabajadores afectados por estas medidas de flexibilidad interna no deberán ser repuestos en sus anteriores puestos de trabajo ni tendrán que ser resarcidos por daños y perjuicios, como reclamaban los sindicatos demandantes.
La sentencia descarta que las medidas adoptadas por el grupo Coca-Cola Iberian Partners violasen los derechos fundamentales de huelga o de libertad sindical u otras infracciones legales denunciadas por los demandantes. Según recoge la sentencia, "el ofrecimiento de la empresa no contenía ninguna imposición de medidas de movilidad geográfica".
Estas medidas ratificadas por el Supremo fueron parte del proceso de reestructuración del grupo permitiendo reducir el número de incluidos en el despido colectivo de 1.169 a 840 trabajadores. Afectaban a 328 personas que aceptaron voluntariamente movilidad funcional y geográfica, de los cuales 21 han dejado la compañía.
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