Botella quiere aprobar la revisión parcial del PGOU en el pleno del 12 de abril

El Palacio de Cibeles acogerá el viernes 12 de abril un pleno extraordinario con el que se pretende aprobar el avance de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, con el fin de resolver y subsanar aquellas deficiencias encontradas por el Tribunal Supremo (TS) y que conllevaron la decisión de tumbar hasta 22 desarrollos urbanísticos de la capital.

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, empeñó su palabra al señalar agosto como el mes en el que podría estar tramitada la revisión parcial del Plan General. Se trata, como explicó entonces, de "corregir un defecto formal" ya que, en virtud de la sentencia, no se había justificado suficientemente en el Plan General de 1997 la pérdida de valor de la protección del suelo al pasar de especialmente protegido a urbanizable.

La Junta de Gobierno celebrada el pasado 14 de febrero aprobó un documento con el que se inició el primer periodo de alegaciones del avance de la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación del Plan de 1997 para hacer la tramitación formal que requiere el Tribunal Supremo.

MILES DE AFECTADOS

El desarrollo de los ámbitos afectados incluye la creación de una gran red de viviendas con algún régimen de protección pública. Se trata de aproximadamente 42.500. Las primeras promociones están ya iniciadas y en los ámbitos están presentes 96 cooperativas de vivienda propietarias de suelo, que agrupan a 9.076 familias.

Están distribuidas entre Valdebebas (con 67 cooperativas y 5.000 cooperativistas), Los Berrocales (siete cooperativas y 2.200 cooperativistas), Los Ahijones (18 cooperativas y 1.548 cooperativistas) y Arroyofresno (cuatro cooperativas y 319 cooperativistas). La titular de Urbanismo afirmaba meses atrás que la máxima prioridad será para Valdebebas ya que sus viviendas estaban "a punto de ser ocupadas por los vecinos".

En el conjunto de los ámbitos se han concedido licencias para la ejecución de 5.042 viviendas con una superficie edificable de 525.000 metros cuadrados, así como para otros 55.000 metros de superficie para actividades económicas.

González señaló que para establecer la nueva ordenación se ha realizado un análisis individualizado y exhaustivo de los suelos afectados por la sentencia, las características y condiciones que llevaron a su protección en 1985, su estado actual y el alcance de la regulación que les afecta.

Los suelos objeto del documento quedan clasificados en urbanos, urbanizables y no urbanizables en función de sus características, y quedan vinculados al régimen jurídico legalmente aplicable a cada clase y categoría. Así, los distintos ámbitos quedarán en cuanto a parámetros urbanísticos y derechos adquiridos exactamente igual que estaban antes, es decir, que lo único que va a cambiar es la adaptación de los suelos a la situación física real que tienen a día de hoy.