La Comunidad de Madrid recurre en el Supremo la sentencia por la residencia de estudiantes

La Comunidad de Madrid ha recurrido en el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón al Ayuntamiento de Getafe en el contencioso que mantienen por el pago de la construcción de la residencia de estudiantes 'Fernando de los Ríos' de la Universidad Carlos III.

Así se desprende de la última Junta de Gobierno local de Getafe, que ha acordado que el Ayuntamiento se persone ante el Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la sección octava de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó otro recurso de la Comunidad de Madrid reclamando al Ayuntamiento que cumpliera el convenio de construcción de la residencia de estudiantes firmado hace 21 años, lo que hubiera supuesto un desembolso de 13 millones de euros para las arcas municipales.

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ya manifestó sobre esta sentencia, fechada el pasado 12 de marzo, que favorece a los intereses de Getafe, por lo que subrayó que estaban satisfechos con ella.

La reclamación de la Comunidad al Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se remonta a 2010, con el anterior Gobierno municipal, ya que en una Junta de Gobierno local de ese año se dio cuenta del recurso interpuesto por el que se requería el pago de casi 13 millones de euros en cumplimiento del acuerdo suscrito en 1991 entre el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Getafe, la Universidad Carlos III y la Comunidad de Madrid.

El anterior alcalde de Getafe, Pedro Castro, explicó entonces que a lo largo del recorrido del convenio finalmente el anterior rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, y el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, acordaron dejar al margen al Ayuntamiento, y construir y gestionar ellos la residencia.

Castro dijo que existían documentos donde quedaba claro que Gallardón exoneraba del pago, que en un principio era de 6 millones de euros, y que a lo largo de los años se incrementó hasta los trece millones debido a los intereses.