La empresa Anta se autoproclama adjudicataria del colegio concertado en Arroyo Culebro

La empresa 'Anta Educación' ha asegurado en su página web que ha resultado adjudicataria del proceso para la gestión y construcción de un colegio concertado en el barrio de Arroyo Culebro, en Leganés.

"Por tercera vez, la Consejería de Educación ha depositado su confianza en Anta Educación para construir y gestionar un centro docente concertado bilingüe, esta vez en el municipio de Arroyo Culebro (Leganés)", ha informado la entidad en un comunicado de su página web bajo el título 'Nuevo colegio bilingüe en Arroyo Culebro'.

La empresa ha anunciado que mañana, miércoles, ha convocado una reunión en el centro municipal Las Dehesillas para "informar" sobre el proyecto pedagógico y "arquitectónico" del nuevo centro, que se levantará en una parcela municipal de 26.400 metros cuadrados cuya cesión a la Comunidad de Madrid denunciaron los grupos de la oposición --IU, 'Unión por Leganés' (ULEG) y PSOE-- ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo.

Aunque por el momento no se ha publicado la adjudicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la pasada semana se procedió a la apertura de los sobres con las propuestas de las diez empresas que aspiraban a construir y gestionar el colegio, según han informado fuentes de ULEG.

Tras ello, el Grupo de concejales del Partido Socialista anunció que 'Anta' había resultado adjudicataria y cuestionó que, finalmente, la construcción y gestión del centro recayese sobre una empresa educativa de corte religioso.

De hecho, los socialistas han recordado que, según los principios de la entidad, "la educación en estos centros presenta la vida y el mensaje de Jesucristo y las actitudes evangélicas como un camino de vida y de misión; y lo hace desde el respeto a la libertad, formando la conciencia moral y espiritual, y ofreciendo un camino de vivencia de la propia fe cristiana".

Ante ello, el exalcalde y portavoz Socialista, Rafael Gómez Montoya, ha asegurado que "el PP está mercadeando con la educación sin ningún tipo de tapujo", ya que, según sus cálculos, la parcela cedida está valorada en 33 millones de euros.

La polémica por esta cesión se produjo cuando, en diciembre, la Junta de Gobierno local acordó la cesión de los terrenos a la Comunidad de Madrid sin llevarlo a Pleno municipal porque, según argumentaron desde el Ayuntamiento, el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) autorizaba este procedimiento. Desde entonces, el Gobierno local (PP) ha defendido la legalidad del proceso, así como su "transparencia".

De esta manera, ante las denuncias de la oposición, el Ejecutivo municipal ha negado en varias ocasiones que la cesión constituya un 'negocio'. Así, reiteró que los ingresos del Ayuntamiento se situarán en 5,5 millones de euros durante los 75 años de cesión, dinero que entrará a través del canon de 50.000 euros anuales que deberá abonar la empresa adjudicataria del proceso y a través del ahorro anual de 120.000 euros en costes de mantenimiento (que también asumirá la concesionaria).

"HASTA EL FINAL DEL PROCESO JUDICIAL"

Por su lado, el portavoz de 'Unión por Leganés' (ULEG), Carlos Delgado, ha recordado que el juzgado número 5 de lo Contencioso-administrativo de Madrid ha admitido a trámite el recurso de la oposición contra esta cesión.

"Desde ULEG, además de llegar hasta el final en el proceso judicial abierto y de mantener las espadas abiertas en el frente político y vecinal, vamos a analizar con lupa el devenir de esta empresa educativa y su actuación en el barrio si al final la Justicia no actúa con celeridad o no es favorable a nuestros posicionamientos", ha señalado.

Tras ello, Delgado ha considerado que el punto de información que habilitará 'Anta Educación' servirá para ofrecer "una información que demandan urgentemente los vecinos y con razón", desde "las 'cuotas' o 'derramas' hasta la influencia del ideario cristiano (más o menos integrista) en la metodología y contenidos docentes, o el propio uso de las instalaciones que se pongan en marcha".

Mientras, en los meses previos, el Gobierno local ha asegurado que consultó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y a los funcionarios "habilitados nacionales", quienes confirmaron que la cesión se ajustaba a derecho.

"Se ha hecho con toda la legalidad y conforme a derecho", declaró el Ejecutivo al tiempo que el Grupo de concejales del PP defendió la "absoluta" legalidad de "la cesión de superficie entre Administraciones". El pasado 9 de marzo, los votos de ULEG, IU y PSOE en Pleno hicieron prosperar una moción para solicitar a los servicios jurídicos municipales una investigación "jurídica" sobre la cesión.