Lissavetzky recuerda que los estatutos del PSOE impiden elegir al secretario general por primarias

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, se ha mostrado a favor de que el Congreso del PSOE de febrero sea lo más participativo posible pero ha recordado, a renglón seguido, que los estatutos del partido impiden elegir al secretario general mediante un proceso de primarias. En rueda de prensa, el socialista ha afirmado que comparte con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que haya "una mayor participación de todos" en el Congreso de febrero, aunque "otro tema son las primarias". En este punto, Lissavetzky ha recordado que "los estatutos del partido impiden esas primarias". Tampoco cree que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, haya quedado invalidado para continuar con el liderazgo del PSM, Tomás Gómez, debido a que los datos negativos de las elecciones se han extendido a todo el partido. "Nos ha pasado a todos, pues anda que yo he salido bien, así que no hagamos trampas al solitario", ha bromeado. Lissavetzky ha insistido en que es un "momento difícil para el PSOE y ahora toca un periodo de reflexión", con la perspectiva de tratar de ganar las elecciones en Andalucía. Por otra parte, Jaime Lissavetzky, ha advertido de "un antes y un después", incluso una "ruptura" en las relaciones con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por el tratamiento dado a la oposición en la cuestión de las competencias impropias y si los 'populares' no aceptan la comisión no permanente que propondrá en Pleno para estudiar el asunto de las duplicidades. Minutos antes de que Gallardón iniciase su comparecencia en la comisión de duplicidades que se está llevando a cabo en la Asamblea, el socialista ha tachado de "poco inteligente" que el regidor en este asunto "no haya tenido en cuenta la opinión de la oposición". "Si hay que ir a la Asamblea para enterarse de lo que piensa el alcalde pues se va", ha señalado Lissavetzky, visiblemente molesto. En rueda de prensa, el portavoz socialista ha comparado la situación del cambio en la arquitectura municipal, cuando el Gobierno no se ha acercado a la oposición, con otros asuntos, como la candidatura olímpica. "Entonces los teléfonos sonaban sin cesar para conocer nuestra postura", ha recordado después de añadir que el reparto de las competencias supone "una cuarta parte del presupuesto del Ayuntamiento". "Me da igual que (Gallardón) esté con la cabeza en otra parte, no se puede hacer esta marginación a la oposición", ha remachado tras añadir que con esta actitud no queda nada del discurso de "entendimiento" del que hizo gala el primer edil en la investidura de junio. EL EMPLEO, EXCLUIDO DE LA RUPTURA El concejal ha lamentado que de algunos asuntos, ya sea el reparto de Metro, de las escuelas infantiles o de las bibliotecas, se han enterado a través de los medios de comunicación. Es por eso que ha advertido de una posible ruptura de relaciones --de la que quedarían excluidos los acuerdos sobre empleo-- "por el tratamiento que (el Gobierno) está teniendo con la oposición". Por otro lado, Lissavetzky ha alertado de una posible subida en las tarifas del Metro o pérdida de calidad al ser una competencia que quedará totalmente en manos de la Comunidad. "Cuando decíamos lo del 'catastrazo' nadie nos creía, por eso anuncio que no me extrañaría un 'tarifazo'", ha advertido. Y es que, con el proyecto de presupuestos municipales en la mano, se puede comprobar la rebaja en 159 millones de la subvención que hacía el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes para financiar el Metro aunque en las cuentas de la Comunidad "no está" dicha cantidad. "No figura en los presupuestos de la Comunidad y hay una menor subvención (municipal), por lo que eso lleva a una bajada de la calidad o a una subida de los precios", ha apostillado. Lissavetzky, por otra parte, ha anunciado que el PSOE ha puesto en manos de la justicia la decisión del equipo de Gobierno de no permitir la comparecencia del presidente de Metro y delegado de Hacienda, Juan Bravo, en el Pleno de septiembre, donde querían que explicase para dar cuenta de la situación económica de la empresa. Los socialistas dan este paso para evitar que el Ayuntamiento se convierta en un "cortijo a la hora de tomar decisiones".