La patronal de la limpieza celebra su asamblea general en un contexto marcado por el despido de 2.200 trabajadores

La patronal de limpieza de edificios de locales y oficinas de Madrid (AELMA) celebra su asamblea general en un contexto marcado por el despido de 2.200 trabajadores en un año, como ha informado la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, AELMA ha alertado de las "malas prácticas" de las empresas competidoras, con "ofertas a la baja, intrusismo y empresas que operan en situación irregular". A eso suman "la debilidad de la demanda, el recorte de precios, la morosidad de las administraciones públicas y el cierre de financiación bancaria".

Todas éstas son las causas para que el año pasado se perdieran 2.162 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 2,5 por ciento de bajada y un 4 si se tiene en cuenta los datos correspondientes al año 2008.

Actualmente, la Comunidad de Madrid es la región que cuenta con mayor número de empleos en este sector, un 20 por ciento del total, lo que supone 82.838 trabajadores. También agrupa al mayor número de empresas contabilizando en el año 2010 un total de 2.213, el 20 por ciento del total y concentra el 29 por ciento del negocio.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de AELMA, Jesús Martín, durante la celebración de la XXXIV Asamblea General de la Asociación, en la que se han esbozado también los retos para el futuro.

Estos retos pasan por fortalecer la asociación generando "sinergias con organizaciones afines, acercamiento a las fuerzas políticas con el fin de conseguir un marco regulatorio vinculado a las dificultades actuales del sector, frenar los concursos unitarios y multimillonarios que antepongan la primacía de una sola empresa para penalizar a centenares de pymes y autónomos, afianzar la profesionalización de los trabajadores y fortalecer la imagen positiva del sector como gestores de la salubridad laboral".

Asimismo, la patronal del sector ha reclamado a las administraciones públicas una mayor celeridad en el pago de sus facturas y que cumplan con la Ley de Morosidad, algo que ya vienen haciendo las empresas desde que entró en vigor la nueva normativa. Todos estos retos tendrá que afrontarlos el futuro presidente que saldrá elegido de las elecciones que se celebrarán el próximo 27 de junio.