La Comunidad de Madrid desmantela la coordinación con los ayuntamientos en materia de protección al consumidor

El Gobierno regional sustituye los convenios anuales de colaboración con los Ayuntamientos en materia de protección al consumidor por subvenciones, que pueden llegar a ser arbitrarias en muchos casos. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha eliminado la Comisión Regional de Política de Consumo, el órgano que actuaba de interlocutor con los ayuntamientos. Y además no habrá nuevas reuniones entre las administraciones locales y la Subdirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, al menos de momento.

Preocupación entre varios ayuntamientos madrileños por la decisión de la Comunidad de Madrid, de forma unilateral, de sustituir los convenios de colaboración que recogían los compromisos las Administraciones contraían en políticas de Consumo, por subvenciones. Eso implica que los fondos destinados a los programas de defensa y protección de los/as consumidores/as se realicen ahora de forma arbitraria y no por convenios anuales. Esta decisión ha implicado incluso que las acciones que algunos ayuntamientos ya habían realizado en base a su convenio anual, se quedaran sin los fondos que previamente habían sido aportados por los consistorios, y sin haber recibido previamente información al respecto. Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha eliminado la Comisión Regional de Política de Consumo, el órgano de coordinación, colaboración, consulta y asesoramiento entre el Gobierno regional y las Administraciones locales para la ordenación de las políticas de consumo y defensa de los consumidores. Los responsables municipales en materia de Consumo conocimos esta decisión directamente a través del B.O.C.M. Además, la Comunidad de Madrid ha decidido, al menos de momento, no realizar nuevas reuniones entre los ayuntamientos y la Subdirección General de Consumo.

Asunción Fernández Cubero, Concejala de Consumo de San Fernando, ante este panorama manifestaba: “(…) preocupación por la decisión de la Comunidad de sustituir por subvenciones los convenios de colaboración que manteníamos los Ayuntamientos. Esto puede significar un reparto arbitrario de los fondos destinados a los programas que se vienen realizando en defensa de los consumidores. (…) se ha eliminado toda la relación que se venía manteniendo para las políticas de consumo y protección de los consumidores.