Dos años más de cárcel para Francisco Correa

El magistrado que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido prorrogar dos años la prisión provisional del líder de la trama, Francisco Correa, que lleva encarcelado desde 2009 en Soto del Real. Hace un par de semanas se celebró una vista en el alto tribunal en la que las fiscales adscritas al caso se opusieron a la puesta en libertad provisional del empresario Francisco Correa y del ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo al alegar "claro riesgo de fuga" en la comparecencia celebrada para la prórroga de la prisión preventiva al vencer los dos años máximos previstos en la Ley. En un auto, el magistrado ha hecho suyos los argumentos de las fiscales y también ha considerado que en este momento puede mantenerse "que existe y no ha mermado de modo alguno ese riesgo de fuga". Para razonar este punto, Pedreira recurre a las intervenciones telefónicas que ponían de manifiesto las "prolongadas estancias y la escasa presencia en España por parte del imputado". Además, se agarra a la existencia de inversiones fuera de España de Correa y a la realización de actuaciones dirigidas a tener una residencia fuera, entre otras cosas. Pedreira manifiesta en el auto que todos los indicios con los que cuenta confirman que Correa podría haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, blanqueo de capital y diversos delitos contra la Administración Pública, entre los que destaca el tráfico de influencia y el cohecho. "Concurren igualmente motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito al imputado y esto no solamente por la fuente de datos, sino por una pluralidad de fuentes de elementos eventualmente incriminatorios: los registros practicados, las intervenciones telefónicas, las declaraciones personas prestadas en sede judicial, la información bancaria, registral, notarial...", apunta. ALTO RIESGO DE FUGA Gran parte del auto del magistrado se centra en los argumentos que ofrece para explicar por qué ha decidido prorrogar la prisión provisional ante el riesgo de fuga del supuesto cerebro de la trama a la espera de que se celebre el juicio. Así, recuerda un comentario del número dos de la trama, Pablo Crespo, en el que decía que Correa tenía pensado marcharse "unos días después" de asistir a un acontecimiento próximo. "La Policía judicial consideraba que el riesgo de fuga era alto, proponiendo la adopción de las medidas propuestas a la mayor brevedad posible para evitar la salida de esta persona del territorio nacional", recuerda. Por cuestiones como ésta, manifiesta que, dado que los delitos son "graves", la medida cautelar de prórroga de prisión "ni es gratuita ni arbitraria", estando fundada en la normativa procesal aplicable. A lo largo del auto, Pedreira muestra su deseo de que la instrucción termine pronto "para la definitiva depuración de responsabilidades en el juicio oral definitorio" y señala que la investigación ha avanzado "extraordinariamente", pero advierte de que no sabe cuándo se celebrará la vista oral "por el posible cambio de Instructor y de sala si se produce el cese de los imputados aforados" como Alberto López Viejo o Alfonso Bosch. TIRÓN DE OREJAS A LA DEFENSA DE CORREA Pedreira también deja claras algunas cuestiones a la defensa de Correa, de quien dice que, en su petición de libertad de su defendido, "llega a la exageración máxima" de que todo el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora es nulo. "La representación de Correa con base en una nulidad parcial pretende que se declare la nulidad de todo el proceso (...) Se arranca de una calificación retórica de la barbarie constitucional, de la libertad de expresión y de la pérdida de confianza, que le impide todavía hoy reunirse con su cliente para planificar su defensa y llegar a la exageración máxima de que todo es nulo", indica. Ante esta pretensión, el magistrado destaca que "nadie interfiere la libertad de expresión ni la supuesta pérdida de confianza ni la utilización de la recusación cuando no se le contesta como él desea", al tiempo que advierte de que "tener derecho a la libertad de defensa", como la tiene Correa, "no significa que pueda imponer su criterio a los demás". "En conclusión, la pretensión (de nulidad de proceso) de la defensa de Correa debe ser desestimada desde el terreno de la objetividad y no del dramatismo, ni de la retórica trasnochada, ni de la descalificación", zanja el juez. Por último, Pedreira subraya que Correa es considerado como "el principal supuesto responsable de la red de corrupción" por lo que no merece un trato igual al de otros supuesto responsables imputados en la causa. "No hay discriminación al respecto, por lo que la diferenciación (con otros encausados) resulta objetiva, fundada y razonable", apoya. Por otra parte, la diputada socialista Livia Castillo ha acusado a la Comunidad de Madrid de ocultar durante dos años información sobre ocho contratos mayores, por valor de 11,5 millones de euros, adjudicados a la empresa 'Constructora Hispánica S.A', vinculada a la trama Gürtel. Durante la comisión ordinaria de Vigilancia de las Contrataciones celebrada en la Asamblea de Madrid, la parlamentaria ha denunciado que en marzo de 2009 reclamó a la Consejería de Sanidad información sobre ocho contratos mayores adjudicados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a 'Constructora Hispánica' que sumaban un importe total de 11,5 millones de euros y que a día de hoy aún no se la han facilitado. Castillo ha explicado que se trata de expedientes de concursos y procesos negociados adjudicados entre 2005 y 2008 para obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones y suministros de climatización y ha agradecido a la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad que le aclare que los contratos se lleven a término ya que lo dudaban. De hecho, la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, Cristina Torre-Marín, ha desgranado cada uno de los expedientes, a los que, según ha indicado, concurrieron varias empresas, y ha afirmado que además, cuando ella llegó a la Consejería de Sanidad, en diciembre de 2010, respondió a los requirimientos de información de los socialistas e incluso, llamó al Grupo Parlamentario Socialista y al teléfono de la diputada interesada, algo que la socialista ha tildado de "broma". Castillo ha relatado que en marzo de 2009 reclamaron información al Sermas sobre los contratos con 'Constructora Hispánica S.A', y ha añadido que Sanidad les dijo que "no es posible la identificación" de los contratos. Asimismo, ha indicado que en ese momento se dieron cuenta de que la misma empresa había sido indemnizada por la Comunidad de Madrid con 50.191 euros porque no se llevó a término un contrato adjudicado a la constructora el 5 de septiembre de 2006, ya que la Consejería de Transportes "tenía que hacer una obra previa" al objeto de este contrato. Tras este suceso, los socialistas pidieron de nuevo la información en noviembre de 2009, pero sin obtener respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y pese a los "reiterados intentos" aún no tienen la información, ha relatado Castillo. "El Sermas lleva dos años sin permitir el acceso al Grupo Parlamentario Socialista para que pudiéramos ver estos contratos", ha criticado la socialista, que ha considerado que los mecanismos de control de los grupos parlamentarios "no se deben saltar alegremente" y que es necesario "seguir escrupulosamente las normas". "La democracia no puede ser opaca, parcial o incompleta", ha remachado. En este mismo sentido se ha expresado la diputado de IU, Carmen Pérez-Carballo, que ha señalado que "el hecho de que durante dos años se haya ocultado acceso a los expedientes no hace más que acrecentar esas sospechas" y ha aseverado que lo que le preocupa es la "ocultación de información que no puede ser más que premeditada". La parlamentaria ha indicado que los 'populares' están "convencidos de que su mayoría absoluta en lo político les permite hacer y deshacer y sustraerse absolutamente al debate", y ha señalado que el "difícil" acceso a la información es "parte de la política de la casa". Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Álvaro Moraga ha acusado a los socialistas de utilizar la comisión como cajón de sastre de las miserias de algunos" y de poner temas sobre la mesa que "no vienen al caso". No obstante, ha querido dejar claro que estos contratos se han realizado y que se han tramitado con "la pertinente fiscalización de la Comunidad de Madrid" y de la Cámara de Cuentas. También la diputada socialista Livia Castillo ha pedido a la Comunidad de Madrid que explique a qué fin ha destinado dos millones de euros correspondientes a cuatro "contratos de apoyo" que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio adjudicó por la vía de urgencia en 2010 a pesar de que, a su juicio, "parece" que la urgencia no está justificada según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Castillo ha aprovechado su turno de palabra en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para reclamar al Gobierno de Esperanza Aguirre una explicación sobre el uso de este procedimiento de urgencia en la licitación de cuatro "contratos de apoyo" a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid cuando "no parece que se den las circunstancias" de "necesidad inaplazable" o de "interés público" que establece el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público para las tramitaciones de urgencia. El PSM defiende que se trata de adjudicaciones que se refieren a tareas "de apoyo a labores de información para la elaboración del portal de vivienda de la Comunidad de Madrid en las que no se cumplen los requisitos para ser calificados de urgencia". En concreto, mencionan un contrato con fecha de 16 de marzo de 2010 por valor de 500.000 euros para 'Apoyo a las labores de información presencial y atención al público de la Oficina de Vivienda' de la Comunidad de Madrid. El segundo es un contrato para 'Labores de información a través de canales diferidos de la Oficina de Vivienda y tratamiento de Datos' de 22 de marzo de 2010 por valor de 485.000 euros. El tercero es un contrato para la 'Definición de requisitos y consultoría estratégica del portal de vivienda de la Comunidad de Madrid, elaboración, carga y actualización de contenidos, soporte documental de la Oficina de Vivienda y Gestión de los Sorteos de vivienda impulsados por la Comunidad de Madrid' por valor de 500.000 euros y por último, uno de 'Apoyo a las labores de información telefónica de la Oficina de Vivienda', también de 500.000 euros. Por su parte, el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público señala en su apartado 1 que se podrán tramitar por la vía de urgencia "los expedientes de los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público" y en virtud de ello y del objeto de los contratos, que son de 'Apoyo a...' o de 'Definición de requisitos'. Por ello, los socialistas consideran que "no parece que se den las circunstancias de necesidad inaplazable" o el que sea necesario acelerar los trámites por razones de interés público en este caso. A su juicio, la tramitación de urgencia de estos expedientes "ha alterado los procedimientos de selección en la Ley como garantía de interés público, lo que podría ser motivo de nulidad". En opinión de Castillo, "si no hubiese existido el procedimiento de urgencia, previsiblemente podrían haber concurrido a la licitación mayor número de empresas" y quizá, "haber conseguido mejores condiciones para la ejecución de las necesidades que se desean satisfacer". Por su parte, el director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, ha justificado el uso del procedimiento de urgencia para la adjudicación de "contratos de apoyo" a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ya que lo que se buscaba era "no interrumpir el servicio" prestado a la ciudadanía y causar perjuicios a los ciudadanos. "Es algo natural. No ha impedido los principios de concurrencia, publicidad y transparencia. Urgencia es porque corre prisa", ha señalado Van Halen en la comisión ordinaria de Vigilancia de las Contrataciones celebrada en la Asamblea de Madrid, donde la diputada socialista Livia Castillo ha reclamado a Van Halen que explique a qué fin ha destinado dos millones de euros correspondientes a cuatro "contratos de apoyo" que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio adjudicó por la vía de urgencia en 2010 a pesar de que, a su juicio, "parece" que la urgencia no está justificada según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Castillo ha considerado que "no parece que se den las circunstancias" de "necesidad inaplazable" o de "interés público" que establece el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público para las tramitaciones de urgencia, ya que se trata de tareas "de apoyo a labores de información para la elaboración del portal de vivienda de la Comunidad de Madrid en las que no se cumplen los requisitos para ser calificados de urgencia". Van Halen ha indicado que "los servicios jurídicos de la Casa y la intervención están satisfechos con la explicación que de la urgencia se hace en la declaración preceptiva" y ha destacado que el procedimiento ofrece "las mismas garantías" con la diferencia de que van "más deprisa". "En todos los casos hemos contado con una suficiente concurrencia. No se ha vulnerado ningún tipo de posible concurrencia", ha remarcado Van Halen, que ha señalado que el Ministerio de Fomento ha utilizado "frecuentemente el procedimiento de urgencia para todas las valoraciones de servicios de información similares a los que ofrecen las oficinas de Vivienda de la Comunidad de Madrid".