Gallardón "hace caja" con Mercamadrid

El Ayuntamiento de Madrid ingresará a corto plazo casi 200 millones de euros gracias a la venta de sus acciones en la empresa Mercamadrid (51 por ciento del total) a la empresa pública Madrid Espacios y Congresos que, a su vez, conseguirá diversificar su actividad y mejorar su cuenta de resultados de este año. El delegado de Hacienda de la capital, Juan Bravo, ha avanzadola operación que el presidente de Mercamadrid y Madrid Espacios y Congresos, Luis Blázquez, presentó a los responsables del Consistorio "hace meses" como complemento al plan de refinanciación de la deuda propuesto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para obtener liquidez. Así, Mercamadrid no sufriría ningún cambio con esta operación, que simplemente supondría que la mitad de su accionariado --la otra mitad es de la empresa estatal Mercasa-- pasaría del Consistorio a una empresa municipal. Además, ofrecería a su nuevo propietario las ventajas de ser una compañía de "una gran potencialidad", especialmente tras su ampliación, así como muy solvente, ya que actualmente tiene unos nueve millones anuales de beneficio, cifra que se espera que siga subiendo cuando se comercialicen los nuevos espacios del polígono. Por su parte, Madrid Espacios y Congresos se beneficiaría de la inclusión en su cartera de negocios de unas inversiones diversificadas en una línea muy estable. Todo ello en un momento en el que sufre de la baja actividad derivada de la crisis, que ha golpeado en el centro de sus negocios: la comercialización de espacios para actividades de turismo, deportivas, de ocio, etcétera. Además, Espacios y Congresos también ha visto cómo los recortes presupuestarios obligaban a paralizar algunas de sus inversiones más relevantes, como la construcción del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid (CICCM) o el Centro Acuático. Por ello, tanto este ejercicio como el próximo las necesidades de liquidez de la compañía son muy bajas, de unos 50 o 60 millones según cálculos de Bravo, lo que garantiza su disponibilidad para realizar el pago por la mitad de Mercamadrid. ALIVIAR LA TENSIÓN DE TESORERÍA Finalmente, el Ayuntamiento consigue con esta venta un poco de margen para aliviar la tensión de Tesorería, con 200 millones de euros --resultado de sumar el valor de la propia empresa y de las estimaciones de sus beneficios futuros hasta 2032-- que permitirán reducir los retrasos de más de 900 millones de euros que tienen en el pago a proveedores. "Este dinero irá a un Plan Extraordinario de Pago a Proveedores, y resolverá aproximadamente el 20 por ciento del problema de liquidez que tenemos actualmente impidiendo, además, que los plazos de pago se sigan alargando", ha puntualizado Bravo, añadiendo que si el Estado hubiera permitido a la capital refinanciar su deuda, esta operación habría supuesto el empujón necesario para, en enero, situar el pago a proveedores por debajo de los 60 días máximos que marca la Ley de Morosidad. Ahora es necesario que Mercasa dé su visto bueno a la operación, aunque según el delegado de Hacienda ya ha manifestado una disposición positiva y, en principio, no debería tener ninguna objeción, especialmente dado que "la propia Mercasa pertenece a una empresa estatal, la SEPI". En cualquier caso, el Plan B por si se tuercen las cosas sería que el Consistorio ceda a Madrid Espacios y Congresos los derechos de usufructo de sus acciones, con lo que en la práctica el resultado sería el mismo. El secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, ha considerado que si el Estado y las comunidades autónomas no abordan la financiación local, los ayuntamientos tendrán que vender, no Mercamadrid, sino "su ropa interior". "Si no se atiende el problema real, que es la financiación municipal desde el Estado y comunidades autónomas, los ayuntamientos de la región van a tener que vender, no Mercamadid, sino a lo mejor ropa y la ropa interior", ha considerado López en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid preguntado por la decisión del ayuntamiento de la capital de vender su participación en Mercamadrid a Madrid Espacios y Congresos. En opinión de López, el hecho de que los consistorios no paguen a proveedores de servicios es "una situación generalizada" de los ayuntamientos de la región y de España, y ha opinado que o Estado y comunidades autónomas abordan el tema o se producirá el "colapso en muchos municipios". Dentro del "pan de ahorro" de Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid podría ingresar unos 300 millones de euros en el próximo ejercicio si se materializara finalmente la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II, tal y como pretende la Comunidad de Madrid, una operación que obligaría al Consistorio a sacar a concurso la distribución del agua en la ciudad o a participar como accionista en la nueva empresa, dos opciones que, en cualquier caso, le reportarían beneficios actualmente inexistentes. Así lo ha explicado el delegado de Hacienda de la capital, Juan Bravo, durante la comisión ordinaria del ramo, donde IU le ha preguntado sobre las medidas del Gobierno municipal en el caso de que finalmente se privatice la mitad de la empresa de aguas madrileña. Actualmente, el Consistorio de la capital mantiene dos convenios de adjudicación directa con el Canal --uno de abastecimiento por 700 millones de euros hasta 2036, y otro de alcantarillado, depuración y explotación--, a diferencia de otras localidades de la región que cuentan con una empresa pública municipal o gestionan el agua de manera indirecta. De este modo, el funcionamiento en Madrid de adjudicación directa del servicio sólo es viable mientras el Canal de Isabel II sea una empresa pública, porque la legislación europea de protección de la competencia prohíbe adjudicar sin concurso contratos públicos a empresas privadas. Si la empresa que preside Ignacio González se convierte en sociedad anónima incorporando capital privado, la opción del convenio directo dejará de existir. Además, este 31 de diciembre se extingue el convenio de abastecimiento de agua a la capital, que se renovará anualmente a partir de ahora. De esta forma, si se privatiza el Canal el Consistorio tendrá tres posibles opciones: Por una parte, se podría crear una empresa municipal que gestione este servicio, si bien ésta es una posibilidad con pocos visos de llevarse a la práctica. También se podría sacar a concurso público el abastecimiento de agua a la ciudad al que podría concurrir en igualdad de condiciones cualquier operador de agua de la Unión Europea, las empresas que se constituyan con este objetivo y el propio Canal de Isabel II, si bien en este caso habría que negociar el uso de las infraestructuras, ya que mientras una parte son propiedad municipal, otra pertenece al Canal. La tercera posibilidad sería convertirse en accionista de la nueva empresa, lo que permitiría al Consistorio participar de los dividendos. "Ahora, al ser una entidad cien por ciento pública la que distribuye el agua, los convenios de todos los ayuntamientos son sin contraprestación económica, porque los cien millones de beneficios del Canal en cada ejercicio revierten en la mejora de la distribución", ha explicado Bravo. "Sin embargo, si el Canal deja de ser público y hay un privado que va a obtener rentabilidad por distribuir beneficios, entendemos que todos los ayuntamientos estamos en nuestro legítimo derecho de hacer lo mismo que en el resto de España: poner en valor la distribución del agua sacándola a concurso o participando en la fórmula que la Comunidad entienda oportuna para tener un ingreso equivalente al que va a obtener el privado que participe en el accionariado", ha insistido. Es decir, que o bien se cobra un canon a la empresa que gane el concurso público de distribución del agua en la capital o bien se reciben parte le los dividendos que obtenga la nueva empresa. En cualquier caso, los cálculos son que esa cantidad alcance al menos los 300 millones de euros. IU LO RECHAZA Por su parte, el portavoz de IU en la comisión, Daniel Morcillo, ha manifestado el "más profundo rechazo a los deseos de Esperanza Aguirre de privatizar una de las empresas públicas más rentables de la región". Este año el Consistorio ya incluyó en sus presupuestos una partida de ingresos de 225 millones de euros que finalmente no se ha materializado al no cerrarse la privatización del Canal a tiempo.