Aplazada hasta el lunes 21 la declaración del empleado regional José Manuel Pinto por el caso de los espionajes

La jueza Carmen Valcarcel, que instruye el 'caso de Espionaje', acordó hoy aplazar hasta el próximo lunes la declaración en calidad de imputado del empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto, que estaba prevista para mañana.

La declaración tendrá lugar a las 18.00 horas del próximo 21 de junio, según informó el TSJM. En una providencia emitida el pasado 27 de mayo, la jueza explica que la imputación proviene del conocimiento del informe pericial caligráfico sobre Pinto.

Este informe concluye que es el autor material de las anotaciones que aparecen en los partes de seguimiento realizados en abril de 2008 al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero Alfredo Prada.

La prueba pericial se practicó el pasado 28 de abril cuando Pinto acudió a los Juzgados a declarar en calidad de imputado por un delito de malversación de fondos públicos. Días antes, el agente autonómico solicitó a la juez Carmen Valcarcel someterse de forma voluntaria a la citada prueba.

La juez vuelve a llamar de nuevo a Pinto para que aclare su implicación en el delito que se le imputa, puesto que "el informe prueba que tenía conocimiento de los seguimientos". Al parecer, sus anotaciones aparecen en "tres papeles" de los partes de seguimiento.

Según fuentes fiscales, su letra coincide con diversas anotaciones. Una de ellas es la matrícula anotada del vehículo de la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, una de las supuestas espiadas.

El pasado 28 de abril, Pinto reconoció que se montó un dispositivo de seguridad con anterioridad a 2008 en el domicilio de Prada, del que estaban informados tanto el ex consejero como sus escoltas.

PRUEBAS DE CARGO

La investigación del caso podría finalizar en las próximas semanas. La juez deberá decidir si archiva la causa penal o da traslado a la Fiscalía de Madrid y a las partes personadas para que califiquen los hechos con la idea de sentar en el banquillo a los acusados.

Están imputados tres ex guardias civiles, el ex director de Seguridad de la Comunidad Sergio Gamón, y Manuel Pinto. Todos insisten en sus declaraciones que nunca se siguió a Cobo ni a Prada, ya que su función se limita a la de control de edificios y seguridad de actos oficiales.

La Fiscalía de Madrid cuenta con varias pruebas de cargo que podría sustentar su imputación. Una de ellas sería un informe sobre posicionamientos telefónicos que confirmaría que los tres ex guardias civiles siguieron en abril de 2008 a Cobo.

El escrito determina que los imputados estaban en los lugares donde se vigilaba a Cobo a la misma hora y fecha en la que se refleja en los partes de seguimiento, según apuntaron las mismas fuentes. Otra de las pruebas sería el resultado de la prueba pericial practicada a Pinto, al confirmar su implicación en los seguimientos realizados a Cobo y Prada.

SEGUIMIENTOS A COBO

Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009.

La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo

Por otra parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, adelantó hoy tras la reunión de la Ejecutiva semanal que los socialistas pedirán que sea llamado a declarar ante el juez Antonio Pedreira el asesor del ex responsable de Presidencia, Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendas, "para que aclare el funcionamiento de la trama Gürtel" en la Comunidad de Madrid.

Esta petición se produce después de que el diario 'El País' aportara hoy nuevos datos sobre el caso señalando que una investigación reciente, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado más casos de prácticas ilegales "con decenas de contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de los intereses de (Francisco) Correa".

Gómez señaló que esta nueva información supone que al PP de Madrid se le "acumulen los problemas" y que ésta sea una "semana trágica" más para ellos. "(La noticia) confirma lo que ya veníamos denunciando los socialistas, que la corrupción es una práctica extendida y habitual en el Gobierno del PP en Madrid", declaró.

"Hoy hemos conocido nuevos datos de otra trama de empresas que también empieza a funcionar en la Comunidad de Madrid desde la retirada de las empresas de Correa porque se pone de manifiesto que había indicios de investigación judicial. Se pone de manifiesto que en actos tan importantes como el 11-M o la Medalla de Oro a los Príncipes, donde participaba Esperanza Aguirre, los organizaba López Viejo y había dinero de los madrileños con destino diferente a beneficiar a la ciudadanía", denunció el socialista.

En este contexto introdujo la declaración en el juzgado de Rodríguez Pendas, de quien dijo que "parece que tiene muchas cosas que decir y que era el responsable de los famosos correos electónicos a las empresas del caso Gürtel".

Por otro lado, Gómez también metió dentro de los "problemas que se le acumulan al PP de Madrid" la nueva declaración mañana del presunto espía José Manuel Pinto, del que dijo que las pruebas caligráficas demostraron en el juzgado que era el autor de los informes de espionaje. "Tendrá que decir si su jefe era el señor (Francisco) Granados o la señora presidenta de la Comunidad de Madrid", subrayó.

Después de incidir en que el espionaje es "algo inaceptable en democracia", el líder de los socialistas madrileños sostuvo que se llevó a cabo "con dinero de los madrileños". "¿Quién va a devolver a los ciudadanos el dinero que se han llevado, los 40 millones de la trama Gürtel o los 2 millones de euros del espionaje en la Comunidad", preguntó Tomás Gómez.