Mientra la Fiscalía del Supremo se opone a abrir causa a Casado por el máste y la URJC también ha archivado la investigación de la licenciatura del líder popular, la juez del caso máster ha abierto diligencias para investigar a la exministra de Sanidad del PSOE por cohecho impropio y prevaricación
El líder del Partido Popular ha visto como la espada de Damócles que pesaba desde hace meses sobre su cabeza por el `caso máster´ comienza definitivamente a alejarse, despejando su futuro político, mientras que se cierne ahora sobre la exministra socialista Carmen Montón.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra de la apertura de una causa penal al presidente del PP, Pablo Casado, por delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso académico 2008-2009. Considera que los indicios de prevaricación "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" mientras que el presunto cohecho habría prescrito.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo preguntó al Ministerio Público el pasado día 13 si compartía los indicios de delitos que señaló en su exposición razonada la juez que inició la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
En su informe, de 8 páginas, la Fiscalía responde de forma contundente que los indicios en los que se basa dicha exposición razonada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".
La Fiscalía tampoco encuentra en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria -al menos en relación con el aforado-, la existencia de un concierto previo del exdirector del Instituto de Derecho Públco Enrique Álvarez Conde, principal investigado en el procedimiento que se instruye en el juzgado ordenario, con lo que se denomina en la exposición razonada "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el master.
Por otra parte, y en relación con el cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, el fiscal considera que la pena señalada por este delito implicaría la ineludible prescripción del mismo, y sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa, y se admitiera la participación del aforado en régimen de cooperación necesaria. Esta cuestión se rechaza por las razones anteriormente expuestas.
El escrito del fiscal recuerda los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos para justificar la apertura de un procedimiento penal en esta instancia, y tras analizar la exposición razonada, concluye que carece del sustrato necesario como para que pueda ser tenida en cuenta por el alto tribunal.
El escrito mantiene un criterio diametralmente opuesto a la juez del caso, en cuya exposición razonada mantenía que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad, pudieron conseguir el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
El tribunal que solicitó el informe al Ministerio Público está compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, los magistrados Pablo Llarena, Francisco Monterde, Ana Ferrer y Miguel Colmenero, este último ponente de la resolución que acuerde si finalmente Casado es investigado o no.
LA EXMINISTRA MONTON, INVESTIGADA POR COHECHO IMPROPIO Y PREVARICACION
La juez de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias de investigación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por una denuncia presentada contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la juez Carmen Rodríguez Medel acuerda incoar diligencias previas y pide a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista. Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que se trata de una denuncia anónima.
Tras estallar el caso, Carmen Montón presentó su dimisión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo su "honestidad" y que no había cometido ninguna irregularidad.
En la resolución, fechada a 21 de septiembre, la magistrada también pide a la Fiscalía de Madrid si quiere instar la práctica de algún tipo de diligencia. Contra este auto, cabe recurso de reforma y de apelación.
En concreto, la instructora pide a la universidad la identidad del director del Instituto de Derecho Público en el curso académico 2010-2011, así como la directora del máster que cursó la exministra socialista.
También solicita un listado de las asignaturas del máster; de los profesores asignados al mismo; y de los alumnos que lo cursaron. Reclama, además, la normativa de la URJC reguladora del máster en ese año académico y la vida laboral de Montón.
Los juzgados de plaza Castilla recibieron una denuncia el pasado 20 de septiembre contra Montón, cuyos hechos que resultan de "las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
No obstante, la juez subraya que no se reúnen requisitos necesarios para su tramitación conjunta con los hechos investigados dentro del denominado caso máster, dado que se trata de unos estudios diferentes al que cursó Cristina Cifuentes.
Sin perjuicio de ello, asume la competencia y ordena la práctica de una serie de diligencias para determinar la naturaleza y las circunstancias del hecho.
LA URJC ARCHIVA LA INVESTIGACIPOR LA LICENCIATURA DEL LIDER DEL PP
La Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha archivado la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) del presidente del PP, Pablo Casado, tras no detectar irregularidades, según ha informado esta mañana el rector, Javier Ramos, al Consejo de Gobierno.
En un comunicado, la universidad ha explicado que el Servicio de Inspección ha analizado todos los procedimientos formales administrativos del alumno tales como su expediente académico completo, matriculación, pagos, calificaciones, actas y convalidaciones.
A la vista de la documentación recibida, el Servicio de Inspección ha realizado las "consultas necesarias" y ha mantenido reuniones con los servicios que han trasladado la información de Casado. "Los responsables de dichos servicios verificaron la documentación remitida y constataron que no existían indicios de error alguno", destacan desde la universidad. Igualmente, el traslado del expediente desde la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) se realizó correctamente.
El Servicio de Inspección de la URJC abrió dicha información reservada de oficio a raíz de las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre los estudios cursados por Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, además del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local que cursó en 2008/2009, que está siendo objeto de investigación judicial.
En cuanto al máster que cursó en el cuestionado Instituto de Derecho Público, la Universidad explica que "está colaborando con la justicia aportando todos los datos que se requieren", recalcando que el estudio cursado por Casado era universitario de segundo ciclo conducente a la obtención del título oficial de máster.
También ha detallado que las convalidaciones solicitadas por el alumno y reconocidas por la Universidad, así como las calificaciones obtenidas, "fueron siguiendo el procedimiento y la normativa correspondiente a los estudios de postgrado, y en particular el Real Decreto 56/2005".
De hecho, se articuló conforme a dicha normativa las "Instrucciones para las convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de Postgrado". Todo ha sido aportado al juzgado, explican, y recuerdan que no era preceptiva la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM), como sí lo fue en ediciones posteriores reguladas por el citado Real Decreto 1393/2007.
DOCUMENTOS DE LA INFORMACIÓN RESERVADA
Según consta en el resumen de la información reservada llevada a cabo por la universidad, el pasado 25 de mayo la jefe de Inspección solicitó al Vicerrectorado de Estudiantes y al de Digitalización e Internacionalización toda la información disponible de Casado, entre actas, pagos o modificaciones de las actas.
Entre los documentos, tuvieron acceso al escrito del 27 de octubre de 2007 de aceptación de traslado del expediente del ICADE para continuar los estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad, "condicionándolo a la adaptación al Plan de Estudios vigente en la universidad".
Casado tenía que cumplir una serie de requisitos y así quedó acreditado: tener superado en el ICADE el primer curso completo o 60 créditos, no tener agotadas convocatorias en alguna asignatura, y cumplir con las normas de permanencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
También recibieron las solicitudes de adaptación de estudios de Comillas del 20 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, el propio expediente y otra solicitud del 2 de noviembre de 2007 de convalidación de los estudios de la Licenciatura de Derecho cursada en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid.
En este punto, según la información reservada, Casado aportó el certificado académico de todas las asignaturas cursadas y aprobadas, el programa certificado de las mismas y los planes de Estudio. Además, han tenido acceso a los acuerdos de la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la URJC del 29 de noviembre de 2007 y 25 de enero de 2008 de convalidación de las correspondientes asignaturas.
La Inspección ha tenido acceso, además, al certificado académico oficial de la Licenciatura en ADE de la universidad, a las actas definitivas de calificaciones durante los cursos 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/12 así como los recibos de los pagos de tasas de los años académicos 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/12.
Asimismo, hay una solicitud y pago de tasas de una convocatoria extraordinaria de Enero-Fin de Carrera del alumno Pablo Casado Blanco en la Universidad Rey Juan Carlos de 27 de agosto de 2012 y 18 y 24 de julio de 2013; otro pago de tasas de convalidaciones de 22 y 25 de enero de 2008; y el recibo del Pago del Título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de Pablo Casado Blanco de 31 de julio de 2014.
A la vista de la documentación recibida, la Inspección mantuvo diversas consultas y reuniones, donde los "diversos responsables confirmaron la documentación remitida y constataron" que en lo que se refiere al expediente de Casado "no existen indicios de error o irregularidad".
Pese a haber sido confirmada la ausencia de incidentes, se solicitó un informe específico acerca de las modificaciones de actas realizadas por el personal de la Secretaría en el expediente de Casado, "reafirmándose que no existe ninguna incidencia reseñable en las mismas", concluyen en la investigación.
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