El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras resultar investigado en el marco de la trama Púnica, por su etapa en Arpegio, donde fue consejero delegado.
Según han informado fuentes del Gobierno regional, Miguel Ángel Ruiz ha recibido este martes un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde "no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".
Las mismas fuentes han señalado que aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid.
La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.
Este mismo martes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado siete registros, en el marco de la trama Púnica y en concreto de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio 2.
Según informan fuentes jurídicas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado siete registros, algunos de ellos en despachos de abogados. En lo que respecta al viceconsejero del Gobierno regional, el magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con su etapa en la que ejerció como consejero delegado de Arpegio.
Un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, según las mismas fuentes.
DECLARACION EN LA COMISION DE INVESTIGACION
Hace seis meses, el exconsejero delegado de Arpegio compareció en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid donde justificó una factura de 16,5 millones de euros en promoción que la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma cargó a dicho plan, y que incluía, entre otras cosas, un gasto de 3,3 millones de euros en primeras piedras.
Por otro lado, aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la Mesa de Contratación de PRISMA, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente, no se hicieron procedimientos negociados, había o contratos menores o abiertos, en los que el pliego era 60 por ciento precio, 40 por ciento la cuestión técnica".
Por ello, indicadó que no podía afirmar lo que sostiene el juez Eloy Velasco, en relación con el control por parte del Francisco Granados en la Mesa de contratación. También aseguró desconocer si se han producido 'mordidas'.
IRREGULARIDADES EN ARPEGIO Y EL PRISMA
Según las mismas fuentes, un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su implicación en esta pieza número 13 de la trama que estalló en 2014 y cuenta con más de un centenar de personas imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas.
El pasado mes de julio, el instructor del caso Púnica solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.
Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el juez Velasco, "se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación". Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco "era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio".
DINERO DE ARPEGIO PARA CESTAS DE NAVIDAD
El sumario de la trama también recoge un informe de la UCO del pasado año según el cual el presunto cabecilla de la Púnica y su mujer enviaron en 2006 y 2007 cestas de navidad a familiares y compañeros de trabajo por un importe de 100.000 euros y que cargaron a Arpegio durante la etapa en la que Granados ejercía como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y presidente de Arpegio.
El informe puso de manifiesto que, aprovechando su cargo como presidente de Arpegio, Granados indicó al personal competente de la empresa pública las instrucciones oportunas para que la liquidación de las facturas de dichos regalos se hicieran con cargo a la misma, con el consiguiente perjuicio para las arcas de dicha sociedad, según el informe.
Si (
No(
