Al final, tras varios días callado, Bono quiso salir al paso y justificar ante la fiscalía y en un medio de comunicación cómo ha conseguido pagar sus propiedades , entre ellas los dos ‘pisitos’ que tiene en Madrid, uno en pleno corazón de los Austrias, que según cuentan, le ha comprado a su primogénito, José, por un millón de euros, -más los gastos en reformas-,además de un ático en el barrio de Salamanca que ronda también el millón de euros, cantidades que el presidente del Congreso rebaja considerablemente.
Teniendo en cuenta que Bono, como tercera autoridad del Estado, en su actual cargo gana mensualmente cerca de catorce mil euros, -lo que al año supone unos 168 mil euros-, a lo que hay que sumar lo que haya ahorrado en sus largos años como presidente del Castilla La Mancha y luego como ministro de Defensa, más los beneficios de la Hípica – que la parecer, no son tantos- y las ganancias de su mujer, no es de extrañar que pueda permitirse el lujo de tener varias propiedades y un alto nivel de vida por muy socialista que sea.
Pero las explicaciones que ha dado al PP no les han parecido suficientes y sin mirar la viga en su propio ojo – ni el ya ex senador Luis Bárcenas, ni el ex diputado Jesús Merino, imputados en el Gürtel, se han dignado en explicar nada, por no hablar de los dimitidos alcaldes de importantes municipios madrileños- le siguen exigiendo que comparezca públicamente y aclare con todo detalle cómo ha conseguido su envidiable patrimonio.
Para contrariedad de Rajoy, aunque ni él mismo parece muy convencido de seguir la cacería de tan ilustre ‘presa’, algunos diputados del PP han hecho llegar a Bono su apoyo, entre ellos varios por Madrid. Unos públicamente, como el ‘arrepentido’ Nacho Uriarte, que aunque tiene acta de diputado por Valencia es un 'madriles' del barrio de Chamberí. Y otros en privado, nombres que el presidente del Congreso guarda en riguroso secreto para no comprometerlos, aunque circula que entre ellos están Cayetana Álvarez de Toledo y Gabriel Elorriaga, enmarcados en el sector ‘crítico’ con Rajoy. Y hasta el propio alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ha echado un cable a Bono, al que le debe el favor de haber dicho ‘no’ a Zapatero cuando le ofreció ser el candidato del PSOE a la alcaldía madrileña con bastantes posibilidades de ganarle, como él sabe.
Lo cierto es que lo que se reabre con esta polémica es el debate sobre si los políticos deberían estar obligados a dar cuenta de lo que tienen al ser designados para ocupar un cargo público y explicar con lo que se van al dejarlo. Nuestros dirigentes en eso no pueden presumir de transparencia, desde luego.
Sea como sea, el quid de la cuestión, como ha dicho el propio Bono, no es si tiene tanto o cuanto, sino si lo ha conseguido ilegalmente, si ha desviado fondos públicos, si ha engañado a Hacienda o si, hablando en plata, ha robado de las arcas del Estado. Si alguien tiene pruebas o sospechas fundadas de ilegalidades, que las aporte o vaya a la Fiscalía General del Estado. El descrédito de la clase política con todo esto, aumenta.
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