El PP acusa a la Junta de Gobierno de prevaricar en contrato público

El Partido Popular (PP) de Leganés ha acusado a la Delegación de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de dos presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación por permitir que una empresa que concurría a una licitación pública fijara la puntuación que se daría a su propia oferta.

De acuerdo con dos correos electrónicos difundidos por el PP y supuestamente enviados entre una funcionaria de dicho departamento y un empleado de una empresa candidata y finalmente adjudicataria de un contrato de mensajería móvil, éste daba de forma detallada la valoración de su oferta en cada uno de los aspectos.

En un correo a la funcionaria local, el responsable de la empresa precede esta asignación de puntuaciones del comentario "te mando la información que solicitaste" y cierra el texto pidiendo "que nos mandes si es posible la asignación de porcentajes definitiva de todo el pliego".

Según el PP, que afirma que los correos constaban en el expediente de la licitación, tres minutos después de recibir el texto en el que la empresa le remite las puntuaciones que supuestamente había pedido la funcionaria para que valorara su propia oferta, ésta lo reenvía al jefe de sección de informática.

En este nuevo correo le dice: "te envío la asignación de puntos para el pliego SMS_ Tendríamos que subirlo mañana a contratación".

En un comunicado emitido hoy, el Ayuntamiento de Leganés ha explicado que el secretario de esta institución había informado a la Junta de Gobierno de una petición de un concejal del PP para que acreditara si una fotocopia que tenía de un correo electrónico se correspondía con el original integrado en un expediente de contratación.

Según el comunicado municipal, no se pudo acreditar la autenticidad de la fotocopia porque el PP no lo pidió por escrito.

Además, el Ayuntamiento asegura que la fotocopia "apareció en el expediente después de que dicho concejal lo pidiera para fotocopiar el contenido del mismo" y no había sido detectada "previamente por los numerosos funcionarios que consultaron este expediente".

Los responsables municipales añaden que el pliego de condiciones de este expediente fue aprobado con los votos a favor del Partido Popular y que esta formación votó a favor de la adjudicación de este contrato aprobada de forma definitiva por la Junta de Gobierno el pasado 2 de febrero.

La secretaria de la Junta de Gobierno Local y concejala de Recursos Humanos, Julia Martín, ordenó el pasado 18 de febrero la apertura de un expediente de información sobre "el alcance del documento, en qué momento se introdujo y cómo fue a parar a este expediente un correo electrónico personal".

El portavoz municipal del PP, Jesús Gómez, ha explicado que su grupo ha obtenido esta información "porque el e-mail estaba incorporado al expediente".

"Queda bastante clara la voluntad de amañar un contrato. De ser todo esto como nosotros lo hemos expuesto, entendemos que podría haber responsabilidad penal, puesto que aquí podría haber dos presuntos delitos: uno de tráfico de influencias, por parte del adjudicatario, y otro de prevaricación" de la funcionaria, ha dicho.