Madrid se queja de la "insuficiente" financiación estatal con que cuenta para aplicar la Ley de Dependencia

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, ha expresado su preocupación por la "insuficiente" financiación estatal con que cuenta la Comunidad de Madrid para aplicar la Ley de Dependencia, tras la reunión del Consejo Territorial con la ministra de Sanidad y Política Social.

Engracia Hidalgo, que considera además que el actual modelo "penaliza los servicios especializados", ha criticado que el Gobierno madrileño tenga que aportar el 70% frente al 20% de la Administración General del Estado, a lo que se añade -ha dicho- la "valoración del coste de cada servicio".

Según ha explicado, el Estado aporta entre 70 y 263 euros mensuales por cada persona dependiente, "sin tener en cuenta el recurso que recibe y la especialización del mismo".

"Este modelo penaliza la profesionalización de los servicios y desvincula al propio Estado de la filosofía con la que surgió la Ley de Dependencia, que es la de primar los recursos asistenciales frente a otro tipo de servicios, como las prestaciones económicas en el entorno familiar", argumenta Hidalgo en un comunicado.

Todo ello hace -según la responsable madrileña- que la financiación por parte del Estado "resulte inadecuada e insuficiente, ya que no sufraga el 50 por ciento que le corresponde aportar a la atención que reciben los ciudadanos con algún tipo de dependencia, según marca la ley".

Hidalgo también ha destacado las "paradojas surgidas del desarrollo incorrecto de la ley, ya que se empieza a discutir sobre la calidad que se consigue con las prestaciones en el entorno del cuidado familiar dos años después de la puesta en funcionamiento de la normativa".

"Por este motivo, he solicitado mayores garantías jurídicas a la hora de implantar determinadas ayudas, colaborando en todo momento con los servicios jurídicos del Ministerio y ayudando para conseguir que los ciudadanos obtengan el mejor servicio", ha afirmado.

En cuanto a la oferta de los ayuntamientos socialistas de encargarse de la valoración de los dependientes en sus municipios para agilizar la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid, ha dicho que "ya se está colaborando con los municipios, por ejemplo en la ayuda a domicilio, donde tras trabajar con ellos se ha conseguido unificar los datos de todos los consistorios, que han tenido un plazo de seis meses para presentarlos".