Granados reta a los alcaldes a decir en qué no cubre la Comunidad las necesidades de las BESCAM

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha retado hoy a los alcaldes que han criticado la reducción de las subvenciones regionales para las Brigadas Especiales de Seguridad a que digan en qué no se cubren las necesidades de las BESCAM.

En declaraciones a los periodistas tras la firma de un acuerdo entre la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el consejero ha recordado que cada año una orden de su departamento establece cuales son las necesidades de las BESCAM en cada uno de los municipios, de acuerdo a lo que obliga la Ley de Policías Locales.

"Nosotros pagamos íntegramente todos los sueldos, todos los gastos de personal de los 2.500 policías, pagamos toda la gasolina, pagamos los vehículos, pagamos la informática, pagamos los uniformes, el armamento, en fin, todo, y me gustaría saber en qué no se está cumpliendo la cobertura de esas necesidades", ha manifestado.

Granados ha afirmado que "lo que es evidente es que todos los años no hay que comprar pistolas nuevas ni hay que comprar vehículos nuevos ni hay que comprar motos ni hay que comprar ordenadores y, en consecuencia, unos años la inversión es mayor y otros menor, en cualquier caso siempre cubriendo todos y cada uno de los gastos en los que incurren los ayuntamientos en relación con las BESCAM".

A su juicio, las críticas "absolutamente infundadas" de algunos alcaldes responden a su deseo de "hacer oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde sus ayuntamientos" y suponen "un claro deterioro de lo que debe ser la relación institucional y los intereses de los ciudadanos de cada uno de estos municipios".

Por otra parte, el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha acusado hoy al Gobierno regional de haber emprendido una "persecución política" por la apertura al Ayuntamiento de un expediente informativo sobre las tareas que realizan en la ciudad los agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM).

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, el regidor ha indicado que ya han recibido el expediente informativo abierto por la Comunidad de Madrid para averiguar si dichos agentes realizaron labores relacionadas con el control del tráfico y la seguridad vial.

Cascallana ha dicho que el convenio de seguridad suscrito entre ambas administraciones no habla específicamente de BESCAM, sino de agentes que se integrarán en la Policía Local para realizar tareas de seguridad, entre las que se encuentran, a su juicio, las de vigilancia del tráfico e imposición de multas.

"Todos (los agentes de la Policía Local) hacen política de seguridad, entendiéndola cómo se debe entender. Tenemos conceptos de la seguridad. Harán (funciones de control del) tráfico cuando sea preciso", ha señalado el regidor, quien ha criticado el desarrollo del procedimiento y el comportamiento del Ejecutivo autonómico.

Ha recalcado que en Madrid no existe una policía autonómica, porque el Estatuto de Autonomía no ha asumido esa competencia y que, según la ley, los cuerpos de Policía local los dirigen los ayuntamientos.

"Si dentro de la Policía Municipal hubiera dos tipos de agentes podría haber problemas sindicales y de respeto a la cadena de mando", ha añadido.

Sobre el proceso para la apertura del expediente, lo ha calificado de "espectáculo informativo y montaje desleal" y ha acusado al Gobierno regional de intentar un "asalto a la ciudad de Alcorcón" por no haber "digerido la derrota" del Partido Popular en las dos últimas elecciones locales en el municipio.

Cascallana ha explicado que la comisión mixta del convenio de seguridad se reunió el 2 de diciembre, convocada por el director general de Seguridad de la Comunidad, después de que en la anterior reunión, en octubre, un edil del PP dijera que los agentes de las Bescam no se dedicaban a tareas de seguridad ciudadana.

En esa reunión, ha declarado el regidor, el subinspector de la Policía Local de Alcorcón dijo que no era cierto y que nunca había recibido instrucciones de ningún cargo del Ayuntamiento.

Tras el encuentro, en el que algunos se mostraron favorables a la apertura del expediente y otros en contra pero no hubo una votación formal, el Gobierno regional decidió incoar el procedimiento informativo, ha señalado el alcalde, quien ha pedido que sea la Comisión quién decida si se incoa o no el expediente.

En cuanto al contenido de éste, ha explicado que se piden al Consistorio fotocopias compulsadas de los cuadrantes, de los partes y de las órdenes de los servicios en los que participaron los agentes y un testimonio por escrito del alcalde sobre las labores de tráfico que se encomendaron a dichos agentes, lo que ha molestado al regidor.

"El director general (de Seguridad de la Comunidad de Madrid) se permite el lujo de hacer afirmaciones exageradas sobre un cargo electo. Es un atropello. Tiene que tener respeto", ha manifestado visiblemente irritado.

Ha añadido que sólo ofrecerá su versión si la presidenta regional, Esperanza Aguirre, accede a la reunión que le solicitó hace un mes para discutir éste y otros asuntos, si bien ha subrayado que remitirán a la Comunidad todos los documentos solicitados en la notificación de apertura del expediente.

Además, ha adelantado que el Consistorio no acudirá a los Tribunales por estos hecho, pero sí recurrirá en vía administrativa "el procedimiento y el nombramiento del instructor", al que considera parcial por su postura manifestada en las reuniones.