Gallardón impugna el reparto de consejeros en Caja Madrid y Aguirre le recuerda que hay un acuerdo pactado

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado impugnar el acuerdo de la comisión de control de Caja Madrid que tiene que ver con el reparto de consejeros en la entidad y que otorgaría al Consistorio 36 representantes, frente a los 45 que reclama y a los 70 que había tenido hasta ahora.

Así lo ha anunciado hoy el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha subrayado que el Ayuntamiento acude a los Tribunales "para defender los intereses de los madrileños", en tanto que es "ajustado a derecho que este Ayuntamiento tenga más representantes" en la Caja.

"Se nos ha quitado una gran representación en Caja Madrid", ha incidido Cobo -en relación con la merma de 70 a 36 consejeros-, quien ha dicho que el Ayuntamiento sólo defiende "los intereses de esta ciudad".

En esta línea, ha rehusado entrar en la polémicas de si la decisión de impugnar el acuerdo provocará una nueva discrepancia con la presidenta regional Esperanza Aguirre.

Cobo ha dicho que es obvio que el Ayuntamiento "discrepa" del número de representantes que le han otorgado, pero que "otra cosa es la interpretación que de eso se haga", y sobre esto ha agregado que "en todas las instituciones los gestores tienen la obligación de defender los intereses de los ciudadanos".

El vicealcalde ha recordado que desde que se abrió el proceso de modificación legislativa, el Ayuntamiento ha vivido una serie de situaciones en las que ha ido perdiendo representantes.

Así la Ley de Cajas que aprobó la Comunidad en 2008 dejó la representación del Ayuntamiento en 28 consejeros frente a los 70 que tenía anteriormente, hecho que el Ayuntamiento consideró "inconstitucional".

Finalmente, se modificó la Ley en la Asamblea, y un nuevo acuerdo de la comisión de control otorgó al Consistorio 36 representantes.

No obstante, la entidad fundadora, la Casa Real, se dirigió a la caja para pedir que sus 64 representantes se repartieran entre todos los sectores.

La ley finalmente aprobada dice que esos puestos de la Corona sólo se repartirán entre "algunos" sectores y "excluye" a los ayuntamientos, ha explicado Cobo.

En esta línea, lo que el Ayuntamiento de Madrid defiende es que en el reparto de los representantes que correspondían a la Corona entren también los Consistorios de la región, y concretamente el de Madrid obtenga 9 representantes más, hasta alcanzar los 45.

La Comisión de Control de Caja Madrid, ya constituida en Comisión Electoral, aprobó el pasado día 9 el reparto de representantes que corresponden a ayuntamientos y entidades representativas dentro de la Asamblea General de la Caja en función de los nuevos estatutos.

Con esa reunión se cumplía con el calendario establecido la semana pasada para que las elecciones sigan su curso y puedan culminar antes de que acabe noviembre con la renovación de todos los miembros del Consejo de Administración, incluida la Presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa.

En concreto, el órgano electoral de la caja decidió y remitió a los ayuntamientos y a las entidades representativas el número de representantes que les corresponden en la Asamblea de la entidad, que previsiblemente serán 80 en el caso de los ayuntamientos frente a los 100 que tenían antes del cambio normativo y 61 para las entidades en comparación con los 32 que había antes.

La semana pasada, la Comisión Electoral ya dio a conocer a la Asamblea de Madrid su número de representantes, que previsiblemente serán 53 frente a los 40 que tenía antes de la nueva ley de cajas regional.

El Consejo de Administración elegirá al presidente entre sus 21 miembros, de los que cinco corresponderán a las corporaciones municipales (antes de la nueva ley eran 7), seis a los impositores (antes 7), cuatro a la Asamblea de Madrid (antes 3), dos a los empleados y cuatro a las entidades representativas (antes 2).

Esta nueva conformación de la Asamblea y del Consejo es la que, se prevé, dificultará la reelección de Blesa, ya que no cuenta con el total respaldo de la Comunidad de Madrid.

Respecto a esta decisión, el vicepresidente regional, Ignacio González, ha manifestado que el Ayuntamiento de Madrid "puede hacer lo que considere oportuno" en Caja Madrid "en el ejercicio de sus competencias", pero ha recordado que existe un acuerdo "bastante estable" para renovar los órganos de gobierno de la entidad.

Según González, "prácticamente todas las instancias políticas, institucionales y sociales" de la Comunidad con representación en Caja Madrid alcanzaron "un acuerdo bastante estable para llevar adelante" el proceso de renovación de cargos de gobierno.

El asunto, ha añadido, "fue tratado por la Comisión de Control" de la entidad "que es a la que corresponde decidir" y ha insistido en que la Comunidad de Madrid "no participa en ese proceso de ninguna manera, ni se dirige, ni se ha dirigido, ni se dirigirá, ni tiene nada que ver" en el reparto de consejeros generales entre las distintas instancias que marca la ley.

Por tanto, ha dicho, el reparto "es una competencia interna de Caja Madrid", cuya comisión de control "por lo que sabemos, lo acordó conforme a la ley".

Asimismo, ha señalado que la Casa Real, al igual que ha hecho en ocasiones anteriores "desde que se empezó con este sistema de elecciones en la Caja", tampoco en esta ocasión ha tomado parte en el reparto "y ha estado a lo que han acordado los órganos de gobierno de la entidad", lo que le parece "razonable".

Por otro lado, el vicepresidente ha vuelto a expresar la "preocupación" de las comunidades autónomas, a las que "parece que no se toma en consideración para determinadas actuaciones "que podrían ser impuestas por el sector financiero" a la hora de solucionar el problema de algunas cajas de ahorros "que estén en dificultades y tengan que ser absorbidas o fusionadas con otras".

Ha recordado que el Gobierno de Madrid "acordó requerir la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado para plantear esta cuestión" y que el asunto fue abordado por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la reunión que mantuvieron el pasado jueves.

Por tanto, según González, el "cauce" que quiere seguir la Comunidad de Madrid es "reunirse con el Gobierno, plantear las dudas de las comunidades autónomas" y establecer un procedimiento conjunto a la vista de los resultados de esa reunión.