La Comunidad rescinde el contrato a la empresa de los brazaletes antimaltrato

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha anunciado en la Asamblea que la Comunidad de Madrid va a "resolver el contrato" con la empresa que gestiona los 'brazaletes antimaltrato' y va a "devolver ese servicio a quien tiene que prestarlo, que es el Gobierno de España".

Granados ha explicado que el Gobierno regional ha adoptado esa decisión una vez concluido el expediente que abrió su Consejería a raíz de que la Fiscalía de Madrid empezara a investigar algunas "irregularidades" en la prestación de ese servicio por parte de la empresa Ero & Staff S.L..

"El Gobierno de la Comunidad va a proceder a resolver el contrato y a devolver ese servicio a quien tiene que prestarlo, que es el Gobierno de España y que, espero que de manera inmediata, como hace en otras comunidades autónomas, asuma el servicio y pague los dos millones de euros (que cuesta)", ha afirmado el consejero.

Granados ha explicado que, a pesar de que el contrato con dicha empresa expira el próximo 31 de diciembre, no va a esperar a esa fecha porque los servicios jurídicos de la Comunidad emitieron ayer un informe en el que "observan que existen motivos suficientes para iniciar un procedimiento de resolución del contrato".

El pasado 1 de octubre, la diputada socialista Josefa Pardo denunció en la Cámara diversas "anomalías" en el servicio que presta esa empresa, entre ellas que algunos trabajadores que atienden a los maltratadores "coleguean con ellos", les dedican "frases de comprensión" y les "facilitan domicilios de víctimas".

Según la parlamentaria, la empresa además "no informa a la policía ni al juez cuando el maltratador pasa el círculo de contención que tiene prohibido, ni cuando el dispositivo se queda sin pilas, ni cuando el maltratador lo tiene descolocado".

Francisco Granados explicó entonces que, el mismo día que la Fiscalía de Madrid denunció a varios trabajadores de esa empresa por permitir a cuatro personas entrar en una zona a la que no podían acceder y no comunicarlo a la autoridad judicial, su Consejería había abierto una investigación.

Hoy el consejero ha comparecido ante el pleno de la Asamblea para dar cuenta de los resultados de esa investigación y ha defendido que con ella su departamento ha "hecho lo que está en su mano" y ha "actuado de manera inmediata".

No obstante, Granados ha dicho que este sistema de detección de proximidad para mujeres víctimas de violencia machista -que controla que los agresores no quebranten las medidas de alejamiento impuestas por el juez- "funciona perfectamente".

"El sistema funciona bien. No existe constancia fehaciente de que ninguna de las víctimas haya sufrido ningún caso de agresión desde que se le ha puesto el brazalete, que ha funcionado perfectamente hasta el día de hoy", ha señalado.

A su juicio, este dispositivo "no funcionará tan mal" cuando la evolución de las órdenes judiciales para su instalación ha sido "creciente" y "constante".

Según sus datos, en la actualidad llevan puestos estos dispositivos 186 personas y se han llegado a instalar 246.