El agua, la lengua, el concepto de nación y el sistema electoral, dividen a España

La aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía en 1980 estuvieron apunto de hacer naufragar la democracia española cuando un grupo de guardias civiles y militares intentaron dar un Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 con la entrada del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso y el secuestro de los 350 diputados. La reforma de esos mismos Estatutos, 26 años después, se saldó el 6 de enero de 2006 con una proclama del teniente general José Mena en la Capitanía General de Sevilla que aludió a la “necesaria intervención del Ejército en el caso de que la ampliación de competencias del Estatut de Catalunya rebasara los límites de la Constitución.

Las tensiones provocadas pro los deseos de los gobernantes autonómicos, especialmente catalanes y vascos, pero también por los andaluces que se reclaman a sí mismos como nacionalidad histórica en el nuevo Estatuto, dieron lugar también a enfrentamientos entre los dirigentes socialistas: Ibarra, Barreda, Bono, en contra de los “excesos autonómicos” de Montilla y Chaves, a favor de las reformas. Estas tensiones obligaron incluso al vicesecretario del PSOE, José Blanco, a declarar que estos cambios serían los últimos en el Estado de las Autonomías.
¿Cuál será, una vez hechas estas reformas, el nuevo Estado español, La Monarquía española? Nadie lo sabe con exactitud y por lo pronto es el Estatut de Catalunya el que se encuentra en entredicho hasta que el Tribunal Constitucional de su veredicto sobre la constitucionalidad o no de su articulado. Además el Estatuto vasco que el ex lehendakari Juan José Ibarretxe remitió a las Cortes tras ser aprobado por el Parlamento vasco fue rechazado pro excesivamente soberanista.

El agua, la nacionalidad, la lengua y el sistema electoral han sido hasta ahora los cuatro puntos más controvertidos en las discusiones sobre los nuevos Estatutos de Autonomía que deberían dar forma a la nueva Monarquía española del siglo XXI sustituyendo al Estado conformado a partir de 1982, cuando se formaron las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, consideradas históricas (Artículo 151 de la Constitución Española) y las trece restantes a través del Artículo 143.

Hasta el momento se han aprobado seis Estatutos – Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León-; dos están en trámites en el Congreso: Castilla la mancha y Extremadura; uno fue rechazado, el del País Vasco, y otro fue retirado por falta de acuerdo previo entre los partidos, el de Canarias.

Faltan siete Comunidades que en su mayor parte han formado comisiones de estudio, pero que no tienen ninguna prisa por redactar los nuevos textos. Son Autonomías casi todas gobernadas por el PP, como Madrid, la Rioja, Galicia y Murcia. En los próximos meses podrían iniciarse los trabajos en Asturias y Cantabria, mientras que más difícil parece que lo haga Navarra, metida en un conflicto político interno tras la ruptura del PP y CN con el partido gobernante UPN. En cuatro nuevos Estatutos la aprobación ha sido por consenso de los dos grandes partidos (Valencia, Baleares, Castilla y León y Aragón) y en los restantes, Andalucía y Cataluña, los populares se han opuesto hasta el final incluso recurriendo al Constitucional como el caso catalán.

El primer paso para reformar los Estatutos y conformar un nuevo Estado de las Autonomías lo dieron los partidos que conformaron el Tripartito catalán tras desbancar a CiU de las elecciones catalanas del 16 de noviembre de 2003 y que recibió el nombre del Pacto del Tinell. El 14 de diciembre de 2003 se reunieron en el salón del Tinell de la Generalitat catalana Joan Sarda (ICV-EUA), Pasqual Maragall (PSC) y Joseph Lluis Carod Rovira (ERC) para desarrollar un programa de objetivos de 97 páginas para convertir a Catalunya “en una nación social y económicamente avanzada), que fe la base para la reforma del Estatut.

El segundo paso lo dio el propio presidente Zapatero nada más ganar las elecciones del 14 de marzo de 2004 al anunciar en el debate de investidura su intención de reformar los Estatutos incluidos en algunas Comunidades Autónomas, siempre que se respete la Constitución y que cuenta con un amplio consenso político y social. Sus frases se tomaron como palabras de aliento a los nuevos Estatutos con una ampliación del poder de los Gobiernos autonómicos, una mayor financiación y más traspasos de competencias que podrían dejar al Gobierno estatal en el chasis.

Quedaría un Gobierno central donde prácticamente sobrarían los Ministerios de Educación, Cultura, Sanidad, Ciencia, Vivienda e Igualdad. El resto sufriría fuertes recortes en sus competencias a favor de las Comunidades Autonómicas que podrán poner y quitar impuestos, tener sus propios policías, controlar la educación, la cultura y la vivienda en su totalidad y hasta abrir embajadas económicas en todo el mundo.

A pesar de las protestas de los líderes estatales del PP a muchas de las reformas de los Estatutos, la realidad es que los dirigentes locales han pactado en muchos sitios, como en las Comunidades Valenciana, Balear y Castellano leonesa, con los socialistas y hasta con los nacionalistas, las ampliaciones de sus competencias. Sólo Esperanza Aguirre en Madrid, Valcárcel en Murcia o Núñez Feijóo en Galicia parecen resistirse a aumentar sus atribuciones frente al Estado.