El Gobierno de los jueces se atasca en el País Vasco, la Comunidad Valenciana y con el aborto

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, presume de que el 9'% de los asuntos que se han tratado en el Gobierno de los jueces se han resuelto por unanimidad, pero no lograron hacer un informe sobre el aborto ni han conseguido consensuar un presidente para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y es muy posible que tampoco se pongan de acuerdo en nombrar al titular del TSJ de la Comunidad Valenciana, donde está ahora Juan Luis de la Rua, el amigo del presidente valenciano Camps.

La crispación que prevaleció en el anterior Consejo General del Poder Judicial, donde la falta de acuerdo provocó incluso que su renovación se pospusiera casi dos años por falta de acuerdo entre PSOE y PP, ha dejado paso a una guerra soterrada entre los partidarios de uno y otro partido, que sólo sale a la luz cuando la discrepancia es muy fuerte, como ocurrió hace unos meses en la disputa para la designación de nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco que ha de sustituir a Fernando Ruiz Piñero, e que juez que obligó a sentarse en el banquillo de los acusados al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización. Y que posteriormente volvió a judicalizar la política juzgando al ex lehendakari Ibarretxe y al entonces portavoz del PSE-PSOE, Patxi López, por mantener reuniones con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Atutxa fue condenado, pero Patxi López e Ibarretxe salieron absueltos.

PSOE y PNV se han venido negando a concederle a Ruiz Piñeiro un segundo mandato al frente del TSJPV, como suele ser habitual en todos los otros tribunales superiores de comunidades autónomas, provocando una fuerte reacción de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

En la última votación se celebró en el seno del CGPJ, presidido por Carlos Dívar, Piñeiro y Jaime Tapia, ex portavoz de Jueces por la Democracia, empataron a 11 votos, frente a los 13 que hacen falta para ser elegidos. Si finalmente, como parece, Fernando Ruiz Piñeiro no logra la reelección en el cargo, podrían entrar en el juego candidatos que ahora están "en la retaguardia": María Victoria Cinto, presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Juan Luis Ibarra, que no suscita pegas en la APM aunque sí en los sectores más nacionalistas.

Otro cargo que suscita muchas dudas es la renovación del presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rua, el amigo de Francisco Camps, muy criticado por los socialistas al haber dejado sin efecto las acusaciones del la Fiscalía Anticorrupción por el caso de los trajes que le regalaron presuntamente los imputados en el "caso Correa" (Gürtel). Eso hace muy difícil, por ahora, que los vocales progresistas acepten votarle para un nuevo mandato de cinco años.

No parece, en cambio, que haya problemas en la designación del presidente del TSJ de las Islas Baleares, cargo en el que su actual titular Angel Reigosa cumple su segundo mandato.

Nada más asumir sus cargos el nuevo CGPJ en octubre de 2008 se desatascaron los nombramientos para presidir el CGPJ de Madrid, donde salió elegido por mayoría Francisco Javier Vieira, que era complicado y el de Galicia, Miguel Angel Cárdenas.

Otros nombramientos que precisan de la mayoría de tres quintos de los 22 miembros del CG0J para salir adelante son los magistrados del Tribunal Supremo. Hasta el momento, en el año en que lleva funcionando el Gobierno de los Jueces bajo la presidencia de Carlos Dívar, se han nombrado a siete nuevos jueces para las distintas salas del TS.

El acuerdo más sonado ha sido la designación de Clara Martínez de Careaga, esposa del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que ha subido desde el TSJ, de Madrid a la Sala Quinta (militar) del Supremo, para sustituir al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Angel de Juanes. Se barajó en su momento con que los socialistas cedieran esta plaza a Ruiz Piñeiro como contrapartida a su salida del País Vasco, cosa que luego no ha ocurrido.

Los otros elegidos han sido Benito Gálvez, Juan Carlos Trillo, Alberto Jorge Barreiro, José Antonio Montero, Isabel Perelló y Lourdes Arastey. Hay previstas dos nuevas elecciones para el Supremo, una de ellas en la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) para sustituir temporalmente a Fernando Ledesma, que fue nombrado miembro del Consejo de Estado, y la otra para la Sala Segunda de lo Penal, que llevaba tiempo vacante.