Caamaño sale al quite del Gobierno

El nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha preferido quedarse entre las bambalinas tras los accidentados sucesos relacionados con el caso Gürtel que provocaron la dimisión de su antecesor, Mariano Fernández Bermejo. Ni siquiera salió a la palestra cuando el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, votó en contra de la ampliación del aborto por motivos de su religión católica, pero desde este verano, en que se estrenó con unas declaraciones a favor del Estatu de Cataluña, su papel va creciendo poco a poco, a medida que desaparecen otros ministros directamente afectados.

Caamaño ha salido al quite del Gobierno- Generalmente alentado por su jefa y promotora, María Teresa Fernández de la Vega- en tres ocasiones fundamentales, marcando el discurso del Consejo de Ministros, la primera a mediados de verano cuando los nacionalistas catalanes lanzaron un ataque contra la posibilidad de que el Constitucional anulara puntos importantes del Estatut. El ministro de Justicia tranquilizó a los socios de Montilla al asegurar- con el consiguiente enfado de los populares- que nada iba a cambiar tras la decisión del T.C.

Por si la cosa no había quedado clara, el ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, puntualizaba nada más comenzar la vuelta de las vacaciones que el Gobierno considera totalmente constitucional el Estatuto y añadía un punto importante: “lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes”, además de restar importancia al hecho de que en el preámbulo se defina a Cataluña como una nación. Tanto uno como otro fueron acusados de tratar de presionar al T.C. para conseguir que no eche abajo el Estatut.

Finalmente ha sido de nuevo Caamaño el que ha tratado de precisar la opinión del Gobierno en el tema, lo que se resume en que:
1º- El Estatut es un texto aprobado no solo por el Parlament Calatalán, sino también por “el voto mayoritario de los representantes del pueblo español”. En definitiva el Estatut es una ley de las Cortes Españolas.

2º- Si el Constitucional no declara de manera “inequívoca” que el Estatut es anticonstitucional, la norma será considerada como válida a todos los efectos..

3º- La sentencia del T.C. cerrará el debate jurídico sobre el Estatut, pero no el político, por lo que en un futuro se puede volver a reabrir.

El quite de Caamaño es importante porque a su cargo de ministro, el político gallego une su categoría de corredactor de puntos importantes del Estatut cuando era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y estuvo en el grupo de políticos que modificaron algunas partes del texto que remitió el Parlament Catalán a las Cortes para su aprobación definitiva.

Las precisiones de Caamaño no solo iban destinadas a la oposición del PP o a otros grupos catalanes, que piden a Montilla que se rebele si el T.C. tumba el Estatut, sino también a las numerosas voces que surgen del PSOE contra los puntos más soberanistas del Estatut, como el expresidente del Congreso y ponente de la Constitución, Gregorio Peces Barba, que ha vuelto a insistir en que el texto legal catalán “tiene dimensiones que no son constitucionales”, como la bilateralidad y el recorte de funciones del Defensor del Pueblo español. Una de las fracciones más afectadas negativamente por la ampliación de las facultades nacionales catalanas es precisamente la federación de Madrid, el PSM de Tomás Gómez donde el PP de Aguirre ha sabido exprimir al máximo la discusión sobre el Estatut para hundir electoralmente a los socialistas madrileños.