Madrid, Rivas y Coslada se sienten engañados y exigen Aguirre que retire la ley sobre la Cañada Real

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada se sienten "engañados" por el Gobierno regional y exigen a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que modifique o retire el anteproyecto de Ley de la Cañada Real y convoque la mesa de negociación para retomar el acuerdo del pasado 7 de julio.

Si la Comunidad no atiende esta petición y sigue adelante con la tramitación de la ley tal y como salió del Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio, los ayuntamientos, que a día de hoy consideran "roto" el acuerdo, no descartan acudir a la justicia y desde luego no piensan autorizar ningún aprovechamiento urbanístico en esos terrenos.

Así se lo han dicho hoy la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, el alcalde de Rivas, José Masa, y un representante del Ayuntamiento de Coslada al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, cuya representación sindical ha anunciado después a Efe que ahora llamará a la Delegación del Gobierno, quinta pata del acuerdo, para conocer su opinión.

Según han explicado Martínez y Masa en declaraciones a la prensa, el problema radica en que el Gobierno autonómico ha introducido en el anteproyecto una alteración en el orden del proceso que iba a dar solución al problema de la Cañada Real: en vez de abordar primero el problema social y después desafectar el suelo, se podrá hacer al contrario.

Aunque el acuerdo era "absolutamente claro, concreto y preciso", según Masa, los ayuntamientos aseguran que el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 que permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.

Martínez ha advertido de que ese punto que en principio "puede parecer inocuo", en realidad "agrava el problema de ocupación ilegal de un bien de dominio público" y puede "asentar" en la Cañada Real actividades ilegales como la venta de drogas -o incluso de armas, como ha sugerido Martínez dentro de la reunión, según han indicado a Efe fuentes sindicales-.

Los tres ayuntamientos están de acuerdo en que así, las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo y se abrirá la puerta a que los clanes de la droga, a través de personas interpuestas, se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio.

Masa ha resumido así su opinión: "ahora mismo Esperanza Aguirre, desde la irresponsabilidad, pone en riesgo y en dificultad la solución del problema de los que menos tienen y el problema de que la Cañada Real se convierta todavía en algo muchísimo más peligroso desde el punto de vista social, de la exclusión".

Para "volver a la cordura y al sentido común", la delegada madrileña defiende retornar a la "hoja de ruta acordada" y seguir su orden: aprobar la ley en los términos pactados con los Ayuntamientos; elaborar el censo y analizar la situación social de cada familia; alcanzar un acuerdo social entre las administraciones; hacer los cambios en la ordenación urbanística que procedan; y, "sólo entonces", desafectar.

Para impedir que se produzca lo que Masa ha llamado hoy "tropelía", los ayuntamientos ya avisan a los potenciales compradores del suelo de la Cañada Real de que ejercerán la totalidad de sus competencias urbanísticas sin consentir ningún tipo de "especulación", no modificarán la calificación del suelo y dejarán todo ese espacio como zona verde especialmente protegida.

"Si Esperanza Aguirre lleva esta tramitación de ley hasta el final la gente sólo comprará zonas verdes", ha puntualizado el alcalde de Rivas.