
Los artificios económicos de la clase política
jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
Especialmente privilegiada es la situación de la clase política en estos tiempos de crisis, no sólo porque sus sueldos sobre-pasan con mucho el del ciuda-dano de a pie, si no porque disfrutan de un “gratis total” diario que comprende coche, gasolina, móvil, ordenador e, incluso, peaje en las autopistas, todo ello a coste cero para sus bolsillos. Una auténtica bicoca que tanto los políticos como los altos cargos que les acompañan suelen minimizar con aquello de que “yo ganaría bastante más en la empresa privada”, para añadir a renglón seguido que su “sacrifico” obedece a un compromiso con el partido y la ciudadanía. Sinceramente, puede ser verdad que algu-nos, pocos, ganarán más pisando moqueta en una multinacional o gran banco, pero la gran mayoría goza de un estatus que ni en sus mejores sueños habrían logrado alcanzar de no ser por la vía de las siglas políticas, que además del sueldo oficial les proporciona otra suerte de “aguinaldos” como representantes de su partido en consejos de administración o asambleas como en el caso de Caja Madrid. La perorata viene a cuento para calibrar si el “tijeretazo”, no excesivamente cuantioso bien es verdad, de Esperanza Aguirre a los sueldos de su Gobierno, es simple populis-mo o una medida a adoptar por el resto de mandatarios de todas las instituciones. La rebaja del dos por ciento de salario con la que el Ejecu-tivo regional intenta “solidarizarse” con esa larga lista del Inem que sigue creciendo de forma inexorable en la Comunidad de Madrid, no pasa, es cierto, de ser un gesto nimio para los bolsillos de los políticos (perderán unos 72 euros al mes, cuando muchos sueldos ya sean diputados, alcaldes, concejales o altos cargos se acercan o sobrepasan mensualmen-te el millón de las antiguas pesetas), pero, sin duda, va a servir para retratar a muchos de nuestros dirigentes, reacios a perder una sola prebenda y un solo céntimo de sus cuantiosos emolumentos. Haber hay de todo, desde dirigentes como el alcalde de Móstoles, Estebán Parro, que se ha apresurado a seguir la consigna de Aguirre (es de suponer que todos los regido-res del PP, con ganas o sin ellas, secunden la medida), a mandatarios del PSOE que aducen a que ya se han congela-do el salario para evitar acometer una rebaja salarial que tachan de puro artificio (IU aun-que califica la iniciativa de “tomadura de pelo”, la apoya). Valoración la de los socialistas con la que parece comulgar el alcalde capitalino, Alberto Ruiz Gallar-dón, que prácticamente a dicho que nones a la presidenta de su partido, en base a que ya se bajó el sueldo cuando llegó a la alcaldía. Lo cierto es que unos y otros esconden que, previsivos como pocos, antes de aplicar tije-retazos o congelaciones a sus sueldos tuvie-ron la precaución de aprobar significativas subidas de los mismos, cuando las penurias ya comenzaban a sentirse en el resto del mer-cado laboral. Aún así, la rebaja de Aguirre, con ser insu-ficiente, es un guiño al ciudadano que el resto de la clase política no sólo debería secundar, si no que tendría que desarrollar aparcando una parte de sus privilegios si de verdad quiere recuperar el favor de la calle, que le ha dado los primeros avisos de peligro con su apatía y abstencionismo en los pasados comicios europeos. Actitudes como la de la secretaria de Orga-nización del PSOE, Leyre Pajín, atesorando tres millonarios salarios (cuando se formalice su cargo de senadora por Valencia percibirá al mes más de 20.000 euros), contribuyen poco a la hora de cambiar la percepción de “trin-cón” que el ciudadano tiene de los políticos. Sí tarde o temprano se acometerá un cambio de modelo laboral, se hace también urgente someter a análisis y profunda trasfor-mación la situación económica de los cargos públicos. Para ello, debería cumplirse la nor-ma de incompatibilidades que está escrita, aunque no se cumpla, en todos los estatutos internos de los partidos, tendría, asímismo, que haber un nivel de exigencia en el trabajo (nada de diputados y concejales floreros) y ha de existir un código ético (el PSM de Tomás Gómez lo quiere convertir en eje prioritario de su iniciada precampaña a las municipa-les y autonómicas de 2011) que elimine los “chalaneos” de la vida pública. De cumplirse el ajuste financiero en las instituciones, sería menos que anecdotario las altisonantes con-gelaciones y rebajas