El Gobierno analiza la ley de cajas de Aguirre para ver si retira el recurso ante el Constitucional

Los servicios jurídicos del Estado estudian la reciente reforma de la Ley madrileña de Cajas de Ahorros para decidir si se retira el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno ante el Constitucional contra la antigua versión de esta norma, afirmaron fuentes gubernamentales.

El pasado marzo, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid por considerar que suponía una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal, al proponer una conformación "radicalmente distinta" de la Asamblea de Caja Madrid.

El recurso se presentó a petición del Ejecutivo después de recibir un dictamen del Consejo de Estado.

Según el órgano consultivo, la Ley de Cajas promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, y aprobada en la Asamblea de Madrid con el apoyo del grupo socialista el pasado diciembre, incluía una modificación "inconstitucional" de la representación de los consejeros generales de la entidad por los sectores de las corporaciones municipales y el de los impositores

Esos cambios daban lugar a una "conformación radicalmente distinta" del modelo participativo establecido en la Legislación estatal sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).

La pasada semana, la Asamblea regional del Madrid dio el visto bueno a la "adaptada" ley regional, lo que supuso el pistoletazo de salida para que la cuarta entidad financiera española adapte a la norma sus estatutos y su proceso electoral, que acabará previsiblemente en noviembre con la elección del su presidente.

La ley aprobada en la madrugada del jueves al viernes en el parlamento regional contó con el apoyo de PP e IU y el voto en contra del PSOE.

A mediados de mayo, el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, consideró que el nuevo texto normativo despejaba cualquier duda de inconstitucionalidad, ya que todos los aspectos recurridos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional se derogan y se sustituían "estrictamente" por la Ley LORCA.

Ese mismo día, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que el Ejecutivo retiraría el recurso si las autoridades regionales modificaban su proyecto inicial y efectivamente respetaba la Ley nacional.

Por otra parte, el portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, Miguel Reneses, ha dicho hoy que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, le "tendría que dar un GPS para interpretar sus palabras" cuando habla de Caja Madrid.

Reneses, que ha asegurado que en IU están "encantados" con que Gómez haya aceptado reunirse con su coordinador general, Gregorio Gordo, ha reprochado también al líder socialista que "no haya buscado un hueco" hasta ahora para mantener un encuentro con Gordo.

"Que Tomás Gómez no haya buscado un hueco para hablar con IU lo dice todo", ha lamentado el parlamentario, tras recordar que ambas formaciones tienen suscritos "numerosos" pactos de gobierno municipal en la Comunidad de Madrid.

Reneses, que ha hecho estas declaraciones en el Parlamento regional, ha reiterado que el acuerdo alcanzado por IU y el PP en Caja Madrid está "abierto" al PSOE y a "todos" los agentes con representación en la entidad, y ha apuntado que los representantes de IU sí que han sido "sufridores de otros acuerdos excluyentes" en los que han participado los socialistas.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Maru Menéndez, le ha replicado que Gómez "ha estado abierto siempre a contactos y reuniones" y que, mientras que éste "felicitó" a Gregorio Gordo cuando fue elegido coordinador de IU, las "primeras palabras de Gordo no fueron precisamente corteses" con el líder socialista.

Menéndez ha apuntado que, aunque el PSM tiene "muchas diferencias" con IU, no pretende "polemizar" con esta formación, porque tiene "claro" que su "adversario político es el PP".

Por su parte, el portavoz del grupo popular, David Pérez, se ha mostrado convencido de que la "incapacidad de Tomás Gómez para llegar a ningún consenso le descalifica como responsable público que tiene que tomar decisiones sobre instituciones que son de todos los madrileños"