Mercedes Gallizo, una "ministra" en la sombra: 70.000 presos, 20.000 funcionarios y 1.200 millones

El crecimiento constante de la población reclusa española, la más alta de la Unión Europea en porcentaje, ha hecho crecer el rango y la importancia de la secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hasta el punto de que el poder, el presupuesto y el personal que maneja se asemeja cada vez más a los de un ministro: 70.000 presos, más de 15.000 preventivos, 20.000 funcionarios y más de 1.200 millones de euros, sin contar las cárceles de Cataluña que estás transferidas a esta Comunidad.

La propia Gallizo fue ascendida de directora general a secretaria de Estado en la nueva legislatura que comenzó en abril de 2008. Hasta entonces, esta diputada aragonesa llevó los temas de Derechos Humanos y antes de ser la directora de las prisiones ejerció como delegada del presidente aragonés Marcelino Iglesias.

Entre 2004 y 2012 se habrán construido 18 cárceles y 32 Centros de Inserción Social, sin que se haya podido acabar con la masificación de las prisiones.

La última reforma de Instituciones Penitenciarias para tratar de hacer frente a la avalancha de reclusos es la de conseguir, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, que se apliquen fórmulas de condena alternativas a las de prisión y se generalice la aplicación de medios telemáticos para mantener localizados a los reclusos que consigan libertades vigiladas. El fallo en el sistema de control por GPS de la muñequera que llevaba el preso gallego Maximino Couto, que se la quitó para ir a buscar a su novia y matarla, sin que los funcionarios dieran la alerta, ha obligado a Gallizo a aumentar los medios y los efectivos en este área.

El director general de Coordinación Territorial y Medio Abierto, Virgilio Valero tendrá competencia en la gestión de internos que cumplen condena bajo el régimen abierto y controlará los dispositivos y medios telemáticos que se puedan instalar a los internos. Coordinará también los centros de inserción social y las secciones abiertas.

En cambio, la plasmación y seguimiento del cumplimiento de penas alternativas, por ejemplo, medidas de seguridad y liberados condicionales, pasa a la Subdirección General de Coordinación Territorial. Uno de sus objetivos será conseguir que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaboren en esas penas alternativas. La otra Dirección General de Gestión de Recursos. mantiene su estructura y funciones.