Los tsunamis municipales

La política del ojo por ojo se ha instalado definitivamente en el día a día nacional, en el que el PP vuelve a exhibir Filesas y roldanes, entre otras lindezas, conforme los socialistas azuzan el fuego de los escándalos populares. Realidad la de la ley del Talión que está adquiriendo una peculiar y dañina derivada en la Comunidad de Madrid, donde los tambores de guerra judiciales y mediáticos pueden pasar factura a unos alcaldes, fueren del signo político que fueren, que han visto desde el principio con temor esta cacería entre partidos. El tsunami de los supuestos casos de corrupción en el seno del PP madrileño, comienzan a contabilizar víctimas no sólo en el partido que preside la lideresa, si no también en la orilla del socialismo regional, con unos alcaldes, los del Sur, llamados a ser los principales paganinis de la melé político-judicial que enfrenta al PSOE y al Partido Popular. En la cara de la moneda autonómica; un goteo continuo de ceses y forzadas dimisiones de diputados regionales del PP, cuya rostro más amargo es, sin lugar a dudas, un Alberto López Viejo herido de muerte, que mantiene escaño a duras penas, según se dice, padeciendo el ostracismo más descarnado por parte de sus compañeros de grupo. Amen de la dimisión del presidente de la Comisión de Investigación del “affair de los espías”, Benjamín Martín Vasco, por las sospechas que pesan sobre el en el “caso Gürtel”, las mismas que se han arrojado sobre otro diputado de la bancada popular, el tercero de los “apestados” por ahora en el Hemiciclo vallecano, Alfonso Bosch. Y vía crucis también en los ayuntamientos populares, principalmente en el de Boadilla, que al cese por “imperativo legal” dictado por Aguirre contra Arturo González Panero, suma también el cisma de los populares del municipio por la elección de sucesor al regidor encausado por Baltasar Garzón, que el pasado viernes rendía cuentas en Génova. El y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, más en el ojo del huracán que nunca dada la influencia que ejerció en su gobierno una de las imputadas, Carmen Rodríguez, para más señas mujer del cerebro del “caso Gürtel”, influyente asesora del ex munícipe majariego. En el reverso de esta moneda política; varios ayuntamientos del Sur, sobre los que la artillería mediática ha comenzado a disparar, pertrechando con ello de argumentos a un PP, y en concreto a una Esperanza Aguirre, que se resiste a dar la batalla por perdida, por mucho que hagan cábalas desde las filas de la oposición sobre el estado anímico de la lideresa. Nerviosa sí, pero sobre todo beligerante, viene mostrándose Aguirre desde que se convirtió en diana de Garzón, y tanto lo uno como lo otro se observaba en toda su magnitud en el último pleno regional, sesión en la que simplemente sus señorías de una y otra bancada perdieron los papeles hasta tal punto que hubo que suspender por varios minutos la sesión. Entre descalificaciones, abucheos y otras lindezas que en el Hemiciclo autonómico se escucharon, los intentos de Aguirre de abrir la puerta a los escándalos municipales del PSOE, bien es verdad que sin rematar la faena, sólo sembrando la duda a cerca de lo que podría estar por venir. Y es que además de Pinto, sobre cuyo tripartito municipal continúan cayendo chuzos de punta, y el recuperado “caso Ciempozuelos” que sienta estos días en el banquillo a dos ex alcaldes socialistas, está la pieza mayor que el PP lleva tiempo queriendo cobrar y que no es otra que el alcalde de Getafe, Pedro Castro. Al hilo de las denuncias interpuestas por un promotor, también él en los tribunales por presunta estafa, y que han sido admitidas por el juez, los populares creen tener de nuevo munición para desenterrar el hacha de guerra contra el regidor getafense, que hace tan sólo unas semanas era blanco de los ataques de la lideresa en su condición de presidente de la FEMP. Castro es desde hace tiempo objetivo político de Aguirre, y si bien, todos los intentos por encontrarle las vueltas no han pasado hasta ahora a mayores, ello no parece haber desanimado a la lideresa madrileña, decidida, según parece, a situarle de nuevo como elemento a batir en su particular vendetta contra un PSOE que, aparentemente, habría conseguido cercenar sus aspiraciones política, verbigracia a la acción judicial de Garzón. Sí toda la polvareda local termina o no en sentencias judiciales firmes es algo que está todavía por ver, pero de lo que no hay duda es del desgaste político que implica para sus protagonistas, que pegados al terruño y a la gestión cara al ciudadano saben sobradamente, y de ahí sus miedos, que están llamados a convertirse en las primeras víctimas de cualquier guerra entre partidos, amén de los costes electorales.